POR: José Alejandro Ayuso
jayuso@equidad.org.do

Alerta al consumidor
A mediados del año pasado esta columna se hizo eco de la “prohibición” ilegal a los consumidores de pagar con determinadas tarjetas de crédito, por parte de unas cuantas estaciones de expendio de gasolina y gasoil agrupadas en la Asociación de Detallistas de Combustibles (Anadegas), bajo el alegato de un costo excesivo de parte del intermediario financiero y la imposibilidad regulatoria de traspasar ese margen al consumidor final.

Para presionar a que el Consorcio de Tarjetas Dominicanas (Cardnet) dejara sin efecto el aumento a la tasa de intermediación de 1.95% a 3%, lo que a la postre se obtuvo, estos detallistas de combustibles vulneraron varias disposiciones de las leyes de defensa de la competencia y del consumidor que huelga detallar ahora. Muy reciente, estos mismos dueños de las estaciones miembros de esta asociación paralizaron durante 8 horas el servicio de combustible a los consumidores, lo que también fue violatorio de la Constitución y de varias leyes, entre ellas el Código de Trabajo. Por ello el Ministro de Industria y Comercio José Del Castillo ha anunciado que, como ente regulador del mercado de combustibles y dado el carácter estratégico y de interés nacional del sector, intervendrá las estaciones que realicen otro paro inconstitucional.

Como se conoce, esta vez el reclamo de Anadegas es que son los detallistas los que deben recibir un incremento en su margen de beneficio de 22 pesos por galón por efecto del ajuste por temperatura aplicable al precio de los hidrocarburos que venden en sus estaciones cuando, de acuerdo a la normativa vigente, esta compensación debe ser descontada del precio de venta al consumidor final del combustible.

A estos efectos, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) inició el proceso consultivo que impone la ley para recibir las opiniones sobre un proyecto de resolución cuyo objetivo es crear un mecanismo práctico, simple, transparente y costo eficiente que permita el cálculo del ajuste por temperatura de los combustibles que se comercializan en el país, regulando este importante sector de la economía nacional en beneficio del consumidor final de dichos productos, quienes adquirirán a menor precio estos productos.

No obstante, Anadegas se ha dado a la tarea de intentar “chantajear” públicamente al ministro para que retire esta resolución que sí beneficia a los consumidores, como condición para sentarse en la mesa del diálogo a tratar de justificar que la Ley de Hidrocarburos opera la transferencia del margen a favor de los detallistas quienes, por una interpretación errónea y convenenciera, se consideran los “consumidores finales” en esta cadena de comercialización.

Pero además tienen la “cachaza” de, alegando que esta reivindicación de incrementar su margen es para “proteger a los consumidores”, presentarse a Proconsumidor para que su incumbente, Altagracia Paulino, le comprara el falso discurso. Pero “fueron por lana y salieron trasquilados” por que la eficiente funcionaria declaró esta misma semana “que es injusto transferir a la Anadegas todo el margen de la ganancia del diferencial por temperatura de los combustibles, afectando el consumidor final”.

Y para una real y efectiva protección de los derechos de los consumidores es que muy pronto el MIC emitirá esta resolución que zanja definitivamente este tema para que todos paguemos menos por los combustibles que adquirimos.