El último escándalo, denominado Operación Falcón, que vincula a legisladores y funcionarios con el narcotráfico y el lavado de activos, explica con toda claridad las razones por las cuales congresistas y la clase política rehúyen como el diablo a la cruz la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, que junto a los pactos educativo, eléctrico y fiscal está consagrado en la Constitución de 2010. Cuantiosas fortunas difíciles de justificar con ingresos legítimos, por no decir de dudosa procedencia, quedarían expuestas. Los propietarios tendrían, si se lo requieren, que dar explicaciones.

Ni siquiera bajo la actual coyuntura, en la que el discurso y las acciones contra la corrupción han alcanzado relevancia como parte de un proceso para sanear el ejercicio del poder y extirpar las lacras sociales, se ha visto siquiera un aguaje para presionar a la clase política, al estilo el 4% del presupuesto para la educación, a fin de que se apruebe de una vez y por siempre un proyecto que duerme en las cámaras legislativas. Las declaraciones de congresistas de impulsar la aprobación de la pieza para avanzar en la batalla contra la corrupción y la impunidad no han pasado de un simple amago.

El proyecto de ley contempla la recuperación de los bienes y riquezas que criminales y funcionarios corruptos han sustraído al Estado. De la misma forma que la confiscación del patrimonio de la familia Trujillo, las propiedades mal habidas, fáciles de identificar en un país donde todo el mundo se conoce, pasarían a engrosar el erario. Esa legislación podría ser el mejor antídoto contra el enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos. ¿De qué manera legisladores y funcionarios que llegaron a los puestos que ocupan o han ocupado con una mano “alante” y otra atrás pueden justificar hoy, por ejemplo, propiedades por cientos de millones de pesos.

Si la clase política en verdad se identifica con las acciones contra la corrupción, en lugar de lavarse las manos frente a la captura de funcionarios, exfuncionarios, legisladores, jueces y fiscales, lo que debe hacer es capitanear una movilización social para que se sancione el proyecto de extinción de dominio. La indiferencia que ha observado la hace cómplice no solo de la depredación de los recursos públicos en provecho particular, sino de la perniciosa impunidad.

Nadie es tan iluso como para pensar que los partidos van a transparentar sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, se curarían en salud, además de hacer un aporte al sistema institucional con su apoyo a una iniciativa tan saludable. La Operación Falcón refleja una contaminación de la que la clase política tiene que desinfectarse con muy buen producto jurídico. Ahí está el detalle.

Por: Luis Pérez Casanova l.casanova@elnacional.com.do