Los presos comunes por delitos y crímenes, de posgrado en las cárceles que los envilecían a golpes de puños, palos e injusticia pudieran ser el mejor testimonio del pasado que deja atrás el nuevo modelo penitenciario.

No pueden porque, retorcidos al máximo en la universidad del mal que es la cárcel tradicional, perdieron la vida en el ejercicio del delito o del crimen o se han vuelto viejos y descreídos en esas prácticas tristes.

(El testimonio hay que conseguirlo con presos políticos quienes por uno a cinco o seis años conocieron de las cámaras de tortura de la tiranía de Rafael Trujillo y del despotismo ilustrado del neotrujillismo de Joaquín Balaguer.

(Gente de sensibilidad y formación, esos epresos supieron de todos aquellos métodos mediante los cuales se atentaba no sólo contra la vida sino contra la esperanza de los reclusos).

Después de 1961, cuando ocurre el ajusticiamiento de Trujillo y empieza a hacer pininos la democracia, las cárceles del país se mantienen como centros de perversión y envilecimiento y crecen como franquicias comerciales de guardias y policías, sus directores y personal de mantenimiento.

Una cama había que comprarla al general o al coronel o a quien hiciera sus veces en la cadena de la comercialización carcelaria. O dormir en el piso húmedo. Y la comida también, porque el porcentaje que aplicaban los directores era un mínimo de lo que establecían los presupuestos.

Y así, hasta el comercio de la prostitución para los reclusos y el uso particular de reclusas de buen ver por los jefes de la cárcel.

Sin campañas publicitarias ni crónicas a sueldo en la prensa, el nuevo modelo penitenciario sustituye poco a poco la realidad de una cárcel donde se centuplicaba el pago justo de una sentencia por delito o crimen y donde los reclusos lograban salir con vida si pagaban.

El edificio de los centros de corrección y rehabilitación no es el de un hotel. No podía serlo pero sí una realidad física limpia, con celdas higiénicas dotadas de camarotes de dos y tres pisos, de instalaciones sanitarias razonables, de cocinas, comedores, talleres y de disciplina general y educación particular.

La libertad racionalizada de que disfruta el ciudadano en las calles de pueblos y ciudades no tiene precio. Los centros del nuevo modelo no llevan a la gente a pensar que se está mejor preso. Lo que sí la llevan es a saber que, en caso del accidente de un crimen o de un delito, la condena justa se pagará en un lugar donde se respeta la dignidad humana y donde a mujeres y hombres se reconoce la esperanza de aprender a ser mejores para sí y para los suyos y la sociedad.