En su oposición a la inmigración haitiana, legal o ilegal, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se ha excedido muchas veces en sus atribuciones. Pero esta vez hay que reconocer que ha optado por la prudencia al ponerse a disposición de la Dirección de Migración y del Ejército en las detenciones y repatriaciones de haitianos indocumentados.

Siempre que no transgreda las leyes no se puede criticar a Riverón por defender la integridad del territorio frente a la presencia de nacionales de la vecina República en territorio dominicano. Migración y el Ejército saben la tarea que pueden asignar tanto a Riverón como a otros alcaldes de la línea fronteriza que manifestaron interés en colaborar con las repatriaciones de haitianos indocumentados.

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Lo que no deben las autoridades es delegar sus atribuciones porque se trataría de una violación de las leyes. Riverón, quien ha mostrado cierta obsesión contra los inmigrantes haitianos, no debería dar ningún paso por su cuenta en las redadas contra nacionales del vecino territorio. La jornada que dirige Migración tiene que circunscribirse al marco de las leyes.