SANTO DOMINGO, D.N. – La Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS), a través de su director ejecutivo, Ricardo González Hernández, expresó su preocupación ante una disposición incluida en la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y aún pendiente de aprobación en el Senado.

Según González, la normativa pretende convertir a las aseguradoras en garantes solidarios de los proveedores del Estado, lo cual —según advirtió en una publicación en la red social X (anteriormente Twitter)— contraviene directamente el Artículo 67 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas.

Ese artículo establece de forma clara que los aseguradores no pueden obligarse solidariamente con el deudor o afianzado, y que las fianzas emitidas están sujetas al beneficio de excusión, lo que implica que el acreedor debe agotar primero los bienes del deudor principal antes de reclamar al fiador.

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Esta disposición busca limitar la exposición directa de las aseguradoras ante incumplimientos contractuales.

Además, González Hernández cuestionó la falta de inclusión de actores clave del sector asegurador en el proceso de elaboración de la ley. “Entiendo que ni la Superintendencia de Seguros ni la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar) participaron en las discusiones del texto legal”, afirmó, lo que genera dudas sobre la legitimidad del proceso consultivo previo a la aprobación.

La ACS hace un llamado al Senado de la República Dominicana para que reevalúe dicha disposición, a fin de evitar una colisión legal con normas preexistentes y proteger la seguridad jurídica en el ámbito de las contrataciones públicas.

La Asociación también insistió en que cualquier reforma legal debe respetar los principios ya establecidos y contar con el consenso de los sectores involucrados, en especial cuando se trata de responsabilidades tan delicadas como las que afectan al sector asegurador.