La magistrada Mirian Germán Brito, entonces presidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, pagó un precio muy alto por afirmar que el expediente de Odebrecht presentado por el Ministerio Público contra 7 imputados no estaba completo, que no tenía las pruebas necesarias para un juicio condenatorio porque estaba basado en conjeturas y especulaciones.

De igual modo aseguró que el juez que llevaba el caso no era imparcial. Contra ella se orquestó una campaña injuriosa y difamatoria bestial en los medios de comunicación y en las redes sociales para desacreditar su buen nombre ganado durante más de 40 años en la judicatura con un nivel de desempeño extraordinario.

Ante la indiferencia de muchos, la magistrada Germán fue sacaba del sistema, para “que no joda más”. (Ella era un clavito en el zapato).

Después de esa campaña implacable, desconsiderada, abusiva y diabólica contra una mujer icono del sistema judicial, nada me extraña. Enviar a 6 de los 7 implicados a juicio de fondo, no debe sorprender a ningún ciudadano.

Todos sabemos que no existe interés alguno en hacer justicia, en descubrir y encausar judicialmente a todos –“dijeron a todas” como óla Madre Superiora en el cuento- no excluyendo a los verdaderos responsables de haber recibido más de 92 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para obtener obras que posteriormente eran sobrevaluadas aumentando así sus beneficios.

El ingeniero Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exsecretario de finanzas del partido de gobierno, dijo, tras ser enviado a juicio de fondo, que en el expediente “falta to’ el mundo”, algo que “to’ el mundo sabe”.

Todos sabemos –porque no somos tontos como ellos creen- que faltan muchos senadores, diputados, funcionarios del más alto nivel y su entorno más cercano.

Nadie en su sano juicio puede creer que un senador, solo uno, aceptó soborno. (Sus colegas lo habrían matado por haberlos engañado) No, no es cierto que Reinaldo Pared Pérez, arrogante y petulante, jefe del Congreso y jefe del partido, salió del lodazal sin enlodarse. ¡Eso no lo creeré nunca! Los tigueres de la cámara de diputados, que parecen mendigos pidiendo, se quedaron fuera del banquete de los sobornos. ¡No!.

Las revelaciones hechas por Alicia Ortega en su Informe demuestra la estructura gansteril empresarial que rodeó la construcción de las plantas en Baní. Una mafia internacional que por razones de “seguridad”, según dijeron, instalaron sus oficinas en nuestro país para poder actuar con absoluta libertad. Pregunto ingenuamente: ¿Quién dio la orden o el permiso? ¿Joao Santana desde sus oficinas en el Palacio Nacional?