La denuncia el diario El Caribe, de que ha recibido presiones de un funcionario judicial por la publicación de una historia sobre policías vinculados con el narcotráfico, se inscribe en una extraña y peligrosa estela de intimidación a la prensa proveniente de litorales legislativos y del Ministerio Público.

El procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, Félix Alvarez Rivera, llamó por teléfono a la periodista Felivia Mejía para inquirirle la forma como adquirió un informe oficial que revela la complicidad de alistados y oficiales con traficantes de drogas, según consigna hoy el diario matutino en su información principal.

Desconocidos, que alegaron representar al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Alejandro Williams, irrumpieron sin ser invitados en el hogar de la jefa de redacción de Listin Diario, Maria Isabel Soldevilla, a quien intentaron interrogar sobre la versión divulgada por ese medio, de que el legislador sería objeto de investigación federal en Estados Unidos por supuesta defraudación al sistema de seguridad social.

Ese tipo de intimidación fue acometido por presuntos personeros del senador Williams contra las periodistas Margarita Cordero, jefa de redacción del periódico digital 7dias.com., y Norma Cheppard, corresponsal en San Pedro de Macorís del noticiario Radio Mil Informando, y Adalberto Domínguez, corresponsal de El Nacional en Nueva York.

Los individuos que asedian a periodistas se identifican en algunos casos como miembros del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), según los denunciantes, lo que revela la gravedad de la tropelía y de las insanas intenciones de sus mandantes.

Resulta inconcebible que un Procurador de Corte, que se supone conocedor del dereho y de elementales normas procesales, llame por teléfono a una periodista para reprocharle la obtención y publicación de una información enteramente veraz, que desnudó el contubernio entre policías y narcotraficantes en la jurisdicción judicial de ese representante del Ministerio Público.

Igual o peor de grave resulta que desconocidos usen el nombre de un senador de la República para violar domicilios de periodistas a quienes se pretende intimidar por el cabal cumplimiento de su deber y ejercicio pleno de su derecho a informar a la sociedad sobre un hecho noticioso o notorio, en el que se involucra a un funcionario del Estado.

El Nacional repudia con todo vigor esos espurios intentos de amedrentar o amordazar a la prensa independiente y reclama de las más altas instancias del Congreso y del Ministerio Público contener las repugnantes acciones contra la prensa que se atribuyen a un senador y a un Procurador de Corte. ¡Alto ahí!