POR. Hugo A. Ysalguez

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Grupos que simpatizan con los indocumentados haitianos, están promoviendo la idea de presentar un proyecto de amnistía que otorgue la nacionalidad a los descendientes del vecino país, a los fines de anular los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que define quiénes son dominicanos. Una ley de amnistía extingue la responsabilidad penal y civil y anula los antecedentes como si la persona nunca ha cometido crímenes o delitos. Una norma de esta categoría, fue promulgada por el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández, la cual permitió excarcelar a los presos políticos y el retorno de los exiliados.

El Tribunal Constitucional tiene como base de sustentación la Carta Magna, que le confiere atribuciones que no pueden ser derogadas por una ley adjetiva, por lo que resulta improcedente e ilegal gestar una amnistía para los ilegales que residen en el país.

A veces se confunde la amnistía con el indulto, pero existe una diferencia entre ambas figuras, pues la segunda no extingue la responsabilidad generada por el delito o el crimen, y la amnistía sí lo hace y generalmente se aplica para los que son perseguidos políticamente.
Es insensato e injusto pretender que la República Dominicana asuma la responsabilidad de las consecuencias de un Estado fallido, y la ingobernabilidad de Haití por la falta de capacidad de sus dirigentes para estructurar un aparato público eficiente.

El magistrado Rafael Ciprián hizo una buena observación al señalar que el artículo 48 de la Ley 137-11 sobre el TC y los Procedimientos Constitucionales, contienen las expresiones EX NUNC Y EX TUNC, que le confiere un extrapoder a esa alta Corte de manera excepcional.
Ex nunc significa “desde ahora”, o sea, desde hoy y en lo adelante. Ex tunc expresa “desde siempre”, esto es, el pasado, presente y futuro. Lo que significa que el Tribunal Constitucional puede reconocer de modo retroactivo, los efectos de su decisión de acuerdo a las exigencias del caso.