Al día de 28 de abril, los 59 feminicidios ocurridos, no 25 como se empeñan en repetir, dan cuenta de la gravedad de las violencias contra las mujeres; la poca sensibilidad del poder dominicano y los partidos políticos que lo golosean; la necesidad de seguimiento a casos registrados en el sistema de justicia y/o en el sistema social inmediato de las víctimas; la dicotómica actitud de Salud Pública, anunciando las supuestas 12 muertes por cólera, con preocupación; el indiferente descuido de la prensa, repitiendo por boca de ganso, sin profundizar y sin la seriedad debida.

Cada una de estas 59 dominicanas, asesinadas violentamente, nos han mostrado la peor cara del país, que no tiene suficiente sabiendo que son muchas y sigue contando automáticamente, una escala que supera el promedio de mortalidad de cualquier enfermedad.

Si se pudiera hablar de peores circunstancias en los feminicidios acontecidos, el de Ana Reyes de la Rosa, 16 años, seis meses de embarazo, envenenada por su padrastro con una poción de yerbas altamente tóxicas y abortivas, sería el más descarnado, porque es un crimen cometido con la complicidad del Congreso dominicano.

Marino Jiménez de la Rosa, el padrastro violador e incestuoso, autor material del feminicidio de esta pobre muchacha, está tranquilo con el sentimiento de protección que le dieron 128 congresistas en Asamblea Revisora, cuando sentenciaron a las dominicanas a la pena de muerte materna.

Como dice la periodista Itania María, Ana murió dos veces: en vida, cada vez que su padrastro la violaba y cuando embarazada, la envenenó para provocarle un aborto. Parece que Marino Jiménez de la Rosa, no había escuchado la pública receta de Radhamés García (apodado el Chino por el pueblo dominicano por ligarse al tráfico de personas de nacionalidad china, no por ojitos rasgados y soñadores), cuando explicó detalladamente la manera de abortar legalmente, bajando una escalera, de nalga y con fuerza, receta que probablemente, fue probadamente experimentada en el entorno del honorable legislador.

La Justicia dominicana, debería tomar en cuenta a moralistas de las diferentes religiones, sobre todo la romana, a los/as 128 congresistas, así como al entorno de Ana, y poner a toda esta gente en la lista de declarantes imputados, junto al padrastro violador e incestuoso.

Alguien dijo que no, que no se va a poder, porque los/as políticos/as, las jerarquías eclesiales y otras personas representantes, hacen leyes acomodadas a sus propias realidades y bolsillos; están por encima del bien y del mal; hablan del máximo interés de los/as menores pero, no lo aplican, y sobre todo, no tienen corazón. ¡Ojalá que esto, no sea verdad!