Santo Domingo. El Consejo Superior del Ministerio Público aplazó para el 28 de este mes el juicio disciplinario contra la fiscal de San Pedro de Macorís que firmó acuerdo con agresores que luego de salir de la cárcel asesinaron a sus respectivas exparejas.
La audiencia fue aplazada para ese día a los fines de garantizar el derecho de defensa a la suspendida fiscal Margarita Hernández Morales, ya que ésta asistió sin abogado a la audiencia, así como para reiterar notificación de la acusación y de los elementos de pruebas.
De forma paralela al juicio disciplinario a la magistrada Hernández Morales se le conoce un juicio penal en un tribunal ordinario, bajo las imputaciones de corrupción, complicidad en falsificación y asociación de malhechores.
El 14 de noviembre del pasado año el tribunal de Atención Permanente de San Pedro de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva a la suspendida fiscalizadora Margarita Hernández Morales, acusada de realizar dos acuerdos para favorecer con libertad a los feminicidas de Anibel González y Juana Domínguez, prisión que cumple en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Najayo-Mujeres.
La acusación dice que con el caso de Anibel González, la suspendida magistrada supuestamente cobró una alta suma de dinero para favorecer con la libertad mediante acuerdo a Yasmil Fernández.
En la instancia también se sostiene que la suspendida directora del departamento de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, supuestamente se “asoció en contubernio con los feminicidas a través de sus abogados y particulares, donde cobraba altas sumas de dinero para lograr dicha libertad”.
Jueces buscan garantizar los derechos a la defensa a fiscal.
A raíz del acuerdo irregular con que se otorgó libertad al matador de la abogada Anibel González, se inició una investigación sobre otros acuerdos y se detectaron otras irregularidades en “negociaciones” con agresores, entre ellos el que dio libertad al asesino de Juana Domínguez Salas.
La funcionaria del Ministerio Público explicó que los acuerdos parciales o plenos con agresores de mujeres, no aplican para quienes hayan sido apresados por tentativa de asesinato, como ocurrió en el caso de Juana Domínguez, a quien su agresor en una primera agresión le propinó nueve estocadas.
