El Colegio de Abogados (Card) defendió las modificaciones que contemplan los proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional para reformar la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que establece un solo proveedor por región para garantizar inversiones y eficiencia en gestión de residuos, afirmando que esto no favorece monopolios, sino que promueve la sostenibilidad.

Sin embargo, el presidente del Card, Trajano Potentini, el presidente del Card, Trajano Potentini, cuestionó las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y otras instituciones a las propuestas de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Aseguró inversiones a largo plazo, garantizan control técnico, eficiencia operativa y la instalación de infraestructuras adecuadas para una disposición segura y sostenible de los residuos. “En estos casos no se trata de fomentar competencia por sí misma, sino de promover eficiencia y asegurar resultados. Cuando el Estado regula con visión técnica, con transparencia y con participación social, lo que hace es garantizar derechos, no restringir libertades”, manifestó.

Te recomendamos leer: Residuos Sólidos: Favorecen modificación a la Ley

Abogó por impulsar los proyectos integrados que combinen plantas de valorización con rellenos sanitarios, como fórmula moderna y funcional para enfrentar el problema de los residuos. Dijo que esta sinergia reduce costos, evita contaminación y permite una gestión más ordenada, supervisada y eficiente.

Respecto a la duración de los contratos, Trajano Potentini, señaló que el Card, asumiendo su rol de órgano consultivo y asesor del Estado en materia legislativa, indicó que los plazos de 3 a 5 años son insuficientes para garantizar el retorno de la inversión privada en un sector de alta complejidad y riesgo. Propuso contratos más largos, bajo una estricta fiscalización estatal, que ofrezcan confianza jurídica y estabilidad financiera a los inversionistas.

Expresó que aunque es importante proteger la competencia, la misma debe estar subordinada al bienestar colectivo, el interés general y los principios constitucionales que rigen la protección del medio ambiente y la salud pública.

Advirtió que aplicar criterios estrictamente económicos en un sector tan delicado como la gestión de residuos sólidos podría resultar contraproducente y desviar los objetivos fundamentales de la ley.

“La gestión de residuos no es una actividad cualquiera. Es un servicio esencial que impacta directamente la vida, la salud y el entorno de la ciudadanía. La competencia no puede anteponerse al derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica de las inversiones ni a la eficacia operativa del sistema”, afirmó el presidente del gremio.