La Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec) respaldó las medidas tomadas por la Dirección General de Aduanas (DGA), de cobrar impuestos a la importación de ropas usadas denominadas “pacas”, tras entender que con esto se envía una clara señal en contra del comercio informal.

El presidente de la Onec, Antonio Ramos, dijo que “si bien toda generación de empleo lícito es buena, el interés nacional, el desarrollo de la sociedad y el cumplimiento de la ley deben estar por encima de algunos empleos informales que ha generado una actividad comercial como la de importación de ropa usada, prohibida específicamente por una legislación.”

Recordó que recientemente el director de la DGA, Fernando Fernández, denunció que empresas importadoras de pacas están operando sin pagar los impuestos y que una de ellas debe al Estado varios millones de pesos.

El dirigente empresarial dijo que por años el comercio organizado, así como industrias textiles locales vienen denunciando el rápido auge que han registrado en el país la entrada de ropa usada para luego ser comercializada de manera informal, en detrimento de empresas comerciales establecidas y la industria textil que sí pagan sus impuestos.

De su lado, la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (Aditex) expresó también su apoyo a la posición asumida por el director general de Aduanas, en relación con el cobro de los impuestos dejados de pagar por las empresas que se dedican a la importación y comercialización de pacas de ropas.

David Cortés, presidente de Aditex, dijo que la actitud de Fernando Fernández, ha sido recta y valiente, “pues este problema lo ha heredado, y lo ha asumido con responsabilidad, en vista de que se ha dado cuenta del gran daño que estas importaciones les hacen a la industria en general, al comercio formal y a las propias recaudaciones del Estado”.

Dijo esperar que, definitivamente, este grave problema nacional, que representan las pacas, sea detenido.

UN APUNTE

Pacas están prohibidas

El director general de Aduanas había indicado que los negocios de pacas están prohibidos por ley y que a pesar de que operan por flexibilidad gubernamental, no pagan tributos para el desenvolvimiento del Estado, y amparadas en una supuesta exención establecida en la Ley 28-01.