Al Ministerio Público y a la Policía se les atribuye vertir tres versiones distintas en torno al asesinato del coronel Virgilio Casilla Minaya, perpetrado el 21 de enero en Los Alcarrizos, lo que en vez de esclarecer, ensombrece aún más ese crimen.

Primero se dijo que un raso policial habría pagado 300 mil pesos a tres sicarios para que asesinaran al oficial, que laboraba en el Departamento de Asuntos Internos de la institución.

Luego, ese asesinato fue atribuido a una peligrosa banda de delincuentes integrada por tres individuos que a su vez contrataron a un taxista para abandonar la escena del crimen.

Finalmente, las autoridades afirman que otro grupo de cuatro delincuentes planeaba asaltar al coronel Casilla, sin que se aclare si fueron apresados antes o después de perpetrarse el homicidio.

A todo esto se agrega un alegado intento de envenenar en la prisión al taxista acusado de transportar a quienes la Policía acusa de asesinar al coronel Casilla y el de otro sujeto que afirma que un mayor policial le aconsejó no entregarse.

Después de la primera versión, sobre el supuesto pago de 300 mil pesos por un alistado a sicarios para que ejecutaran el crimen, Policía y Ministerio Público mantienen la tesis de que el móvil de ese asesinato fue el robo.

A pesar de que la versión de que el asesinato fue resultado de un acto de delincuencia común fue expuesta en rueda de prensa por el procurador general, Radhamés Jiménez Peña, y el jéfe de la Policía, mayor general José Polanco Gómez, el caso se ha vuelto más confuso y complicado.

No resulta fácil asimilar la idea de que dos bandas de delincuentes planeaban asesinar a un coronel de la Policía para robarle una cadena de oro y un revólver, máxime cuando ese oficial investigaba a compañeros suyos sobre denuncias de extorsión y exceso de poder.

Es posible que la última o más reciente explicación sobre causas y circunstancias de ese asesinato se corresponda con la verdad, pero el excesivo protagonismo de Policía y fiscales ha hecho de esa investigación un arroz con mango.

Policía y Ministerio Público deberían alejarse del artitismo y centrarse en el trabajo de investigar los casos de crímenes y delitos sin pretender acomodar los hechos ni excluir o incluir a nadie por conveniencia o intereses.