La misión esencial del Estado está comprometida con el bienestar. De tal modo, la Constitución consagra la protección familiar, la seguridad alimentaria, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo como derechos y garantías fundamentales.

La asistencia social es, por tanto, un mandato supremo que el gobierno debe cumplir de manera institucional abarcando el universo de la población, haciendo énfasis en los más necesitados: discapacitados, ancianos y menores de edad.

El gobierno emplea cuantiosos recursos para ejecutar programas que asimilan ese mandato. Pero lo hace de manera dispersa, más con un sentido utilitario que de continuidad y universalidad. Lo cual posibilita el desperdicio de recursos y un uso discriminatorio y selectivo para fines políticos, como parece estar ocurriendo.

Aprobamos, pues, la iniciativa del presidente del PRD, Miguel Vargas, de presentar un proyecto de ley para que esas ayudas sean aplicadas ordenadamente a través de la Presidencia de la República, partiendo de los parámetros de pobreza y marginalidad fijados por la misma ley.

El borrador del proyecto ha sido entregado a las candidatas al senadoras del PRD Milagros Ortiz Bosch, Distrito Nacional; Peggy Cabral, San Cristóbal; Ginette Bournigal, Puerto Plata; Ángela Peña, Monte Cristi; Melania Salvador, Bahoruco; y Agne Berenice Contreras, Elías Piña.

El carácter institucional que esta propuesta otorga a las ayudas, garantiza su aplicación en cualquier coyuntura. Especializará los recursos mediante la Ley de Gastos Públicos, de manera que no dependa de la voluntad del Presidente ni las presiones generadas en jornadas electorales.

Mientras tanto, sería saludable para el proceso electoral que los referidos programas sean fiscalizados para evitar un manejo viciado, en favor de los candidatos oficialistas, en detrimento de la equidad y transparencia. Lo que es igual no es ventaja.