Tiempo era para que el Gobierno decidiera reorientar los programas de asistencia social, los cuales por su elevada inversión resultan tan onerosos para el contribuyente.

Esos programas se han convertido en una dádiva para los beneficiados, de los cuales no se sabe si todos califican para la asignación.

En muchas ocasiones se ha denunciado hasta el carácter clientelista con que se distribuían los recursos, además de la costosa estructura burocrática creada para ejecutar la operación.

El presidente Luis Abinader anunció que el programa “Comer es primero” será sustituido por otro denominado “Supérate” para lidiar con la pobreza, la que debido a la pandemia se incrementó de un 21 al 27%.

Ese programa, que entrará en vigencia a partir de mayo, implica una transferencia mensual de 1,650 pesos a cada beneficiario, en lugar de los 825 que se le otorgan todavía.

Es obvio que al plan se le dará el debido seguimiento y se harán las evaluaciones de rigor para evitar que los beneficiados lo reciban de manera permanente, sin el menor esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida.

El mandatario también anunció que “Quédate en casa”, que desde este mes entrará en un proceso escalonado de desmonte, será extendido hasta abril próximo y supondrá una inversión de 10 mil millones de pesos.

Con la extensión hasta abril del Fondo de Asistencia Social al Empleado (Fase I) la erogación en los programas ascenderá a 27 mil millones de pesos. Si los programas se ejecutan con el criterio y el rigor que ameritan los resultados serían muy auspiciosos.