El rostro de la señorita estaba desencajado. “Estoy desesperada, musitó”, ¿qué le ocurre?, pregunté. “Un coronel de la policía, amigo de mi hermano lo llamó y le informó que debo presentarme al Departamento de Investigaciones Criminales porque supuestamente mi carro entró al país de forma irregular y la Dirección General de Aduanas lo requiere.”

Su madre compró ese pequeñito automóvil en una agencia reconocida y ella, al cabo de unos años, con muchísimo sacrificio, dado su precario salario en una institución pública, pudo adquirirlo por las facilidades que le concedió su progenitora.
Sin perder tiempo y con la seguridad que nos ofrecía la certeza de no haber incurrido en acciones dolosas, nos dirigimos al destacamento policial ubicado en una populosa barriada capitaleña, ignorando el suplicio que nos aguardaba. Dejé de almorzar para acompañar mi atribulada visitante.

Llegamos al lugar, fétido espacio donde interactúan policías de baja gradación, pero elevados egos; pobres ciudadanos denunciando robos, atracos o riñas y una inmunda cárcel donde los detenidos canalizan sus necesidades sin ninguna condición propicia para hacerlo.

Allí nos esperaba el coronel con cara de perdonavidas y haciendo lo posible por resaltar su “noble” gesto de avisarle a su amigo y no haber procedido a incautar en plena vía pública el “cuerpo del delito.” Nos informó que Aduanas determinó que el carro había sido registrado mediante una serie de documentos falsificados. Espantados, revisamos con cara de pavor la documentación que avalaba la propiedad por parte de la señorita, que incluía certificación de la Dirección General de Impuestos Internos.

El coronel y un par de ayudantes nos condujeron a la agencia que vendió el automóvil y su propietario adujo que no fue quien lo importó. Después de conversar en nuestra presencia con el importador, prometió entregar esa misma tarde las facturas aduanales. Lo hizo.

Al salir del negocio, el coronel dijo que el vehículo quedaba incautado. A nuestro reclamo de por qué no actuaba con la asistencia del Ministerio Público respondía que eso era lo ideal, pero no la realidad. Al requerirle una constancia de la retención del vehículo, nos entregó un formulario de revisión de automóvil.

Le dijimos que eso no nos satisfacía. Improvisó un texto con pésima redacción que para poco servía que no fuera para dejar constancia de un atropello incalificable hecho al margen del debido proceso que convirtió en peatona una inocente mujer adquiriente de buena fe y a título oneroso.