Uno de los tipos penales más combatidos y perseguidos en el año que concluye ha sido la defraudación fiscal, un delito que consiste en el empleo de maniobras fraudulentas para engañar al fisco con la evasión de impuestos.
En el año que recién termina solamente en la capital se abrieron más de 20 procesos contra empresarios y asesores fiscales que habían estafado al Estado con miles de millones de pesos.
En el Distrito Nacional en el 2018 se han conocido más de 20 medidas de coerción contra empresarios y asesores fiscales que han constituido entramados fraudulentos para dejar de pagar los impuestos correspondientes.
Uno de sus modus operandi ha sido la reducción de impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal emitidas por compañías ficticias, en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El 20 de marzo pasado, el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión domiciliaria, garantía económica, brazalete electrónico e impedimento de salida al influyente empresario Luis José Asilis Elmudesi.
Según la Fiscalía del Distrito Nacional, desde el 2008 hasta marzo de este año, el inversionista alegadamente cometió un fraude de 56 millones 793 mil 850 pesos, por concepto de ITEBIS que dejó de pagar a la Dirección General de Impuestos Internos.
La defraudación tributaria fue cometida a través de 11 empresas, entre ellas Metro Servicios Turístico, Metro Tourrs, Grupo Metro, Brightsea, Operadora de Golf SA , Playa Marota S.A, Metro Country Club , propiedades del imputado.
El empresario supuestamente declaraba montos a las retenciones de impuestos, aportado por la DGII para simular cumplimiento de la obligación tributaria, los cuales no pagó.
También se le atribuye declarar montos de retenciones y luego interrumpía las operaciones comerciales por períodos fiscales prolongados para simular que no se encontraba operando, tratando de eximirse mediante maniobras fraudulentas de las obligaciones de los pagos correspondientes.
En el mismo mes de marzo, el magistrado Vargas impuso medidas de coerción a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar compañías comerciales ficticias para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal.
Se trata de Franklin Rosario Vicente y Marlenys Sánchez Pérez, al primero se le impuso tres meses de prisión preventiva en la Penitenciaria de La Victoria y a la segunda una garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida y uso de brazalete electrónico.
El 6 de junio pasado, el mismo juez impuso arresto domiciliario contra una empresaria acusada de asociarse con otras personas para deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias, en perjuicio del Estado.
La medida de coerción fue impuesta a la imputada Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL, dedicada a la importación y manejo de acero.
Conforme a la acusación, Barriola Varela fue sometida a la justicia por la DGII, ya que en su calidad de socia y gerente de la citada empresa, se beneficiaba de una estructura criminal dedicada a defraudación fiscal y falsificación de facturas, ascendentes a más de 1,000 millones de pesos en perjuicio del Estado.
El 14 de este mes, la Fiscalía del Distrito Nacional depositó por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción una solicitud de prórroga de un caso de defraudación fiscal por 150 millones de pesos cometido en perjuicio de la DGII, por cinco imputados y las empresas Casa Club Neptuno y Tax Services Financial Administration.
El día 4 de este mes el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva al último integrante de la red fraudulenta, se trata del asesor fiscal Luis Manuel González, quien fue enviado a la cárcel de Najayo bajo acusación de los delitos de defraudación tributaria, estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
Otros que son procesados por el mismo caso son los imputados Avis Altagracia Soto, Jesús Alberto Tavárez, Franklin Rosario Vicente, Wisler Lantigua Ventura y Marlenny Sánchez Pérez.
Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente de Casa Club Neptuno’s, ubicada en Boca Chica, le fueron impuestas medidas de coerción en junio pasado, vinculada a una estructura de fraude fiscal en perjuicio del Estado dominicano.
Los demás comparecieron ante el tribunal en marzo de este año, recibiendo distintas medidas de coerción.
Impuestos Internos se querelló contra el grupo por alegadamente deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias y empresas reales, a las que le sustrajeron la secuencia de número de comprobantes fiscales utilizados en un fraude ascendente a RD$150 millones aproximadamente.
