Está por verse si el punto final que resolvió el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) significa el fin del tira y hala que han protagonizado los jueces del tribunal. Ojalá que así sea, pues bastante desagradable ha sido el espectáculo. Pero lo cierto es que las contradicciones llegaron demasiado lejos como para detenerlas con una simple proclamación.

Lo que sí ha quedado claro es el espaldarazo al presidente de la Cámara Administrativa, doctor Roberto Rosario, acusado por la magistrada Aura Celeste Fernández de incurrir en irregularidades en la asignación de obras millonarias sin rendir cuentas.

Con todo y que quedó aislada, el pleno de la JCE acogió algunos de los señalamientos de la magistrada al solicitar que se evalúen los procedimientos contables sobre la ejecución presupuestaria. La supuesta falta de transparencia en la administración de los recursos fue lo que motivó el destape que el tribunal ha cerrado con una resolución.

El pleito, que inquieta a la opinión pública y tanto afecta la integridad del tribunal, es parte de un malestar que se arrastra desde la misma designación de los jueces y en el cual el protagonismo ha tenido un papel de primer orden. En diferentes ocasiones y por diversas razones han aflorado ruidosas contradicciones entre los magistrados. La transparencia es un clamor con en el cual la población se identifica, pero deja mucho que desear que en la rebatiña salgan a relucir hasta platos de comida. No es la altura que demanda un debate sobre la función del tribunal.

El presidente de la Cámara Administrativa quedó bien parado con el reconocimiento de que la asignación y adquisición de obras, bienes y servicios se han efectuado conforme a la ley 346-06 sobre compras y contrataciones públicas y en base a la propia legislación electoral. Pero, por la misma composición y conforme al tono de las denuncias, está por verse si la decisión marcará un punto final al tira y hala que tiene a tribunal en las cuatro esquinas.