El presidente Joaquín Balaguer, en el tercero de sus seis gobiernos 1970-74, en 1971 se contrataron diez mil braceros haitianos para el corte de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), propiedad del Estado dominicano, que siguieron hasta 1977, pero cuando el presidente Balaguer asumió el poder el 1 de julio de 1966, se registraba una abrumadora presencia de haitianos que se quedaban en el país luego de concluir las zafras, agravadas por la cantidad impresionante contratadas por el presidente Balaguer, reclutadas por los tratantes Zacharie Delva y el brujo árabe Dodó Nassar.

El contrato de 1959 expiró en 1964 y en 1966 el presidente Balaguer y su colega Francois Duvalier, el terrible Papá Doc, firmaron en Puerto Príncipe un nuevo contrato de jornaleros para la industria azucarera.

Todos esos contratos de jornaleros firmados por el generalísimo Trujillo, y los presidentes Balaguer y Antonio Guzmán fueron posibles por la negativa de gobernantes y empresarios particulares involucrados en la industria azucarera, Vicini y Central Romana, de pagar un salario decente a los braceros dominicanos que les permitan cubrir necesidades perentorias de sobrevivir, mientras a los haitianos se les paga menos, porque no cubren renta inmobiliaria, energía eléctrica ni transporte, porque todos viven en bateyes y cuando la industria azucarera estatal fue liquidada por el presidente Leonel Fernández, esos braceros haitianos se desplazaron a la ciudades a trabajar en la industria de la construcción, viviendo hacinados en los edificios donde laboran.

El presidente Balaguer contrataba mediante el CEA más de 20 mil braceros en cada zafra; se opuso al Plan Exodo, enero 1994, que pretendía establecer campamentos de refugiados haitianos en territorio dominicano y restituir al derrocado presidente Jean Bertrand Aristide, el primer gobernante haitiano que formuló acusación internacional a RD por maltrato a braceros haitianos.
Aristide fue destituido el 29 de septiembre de 1991 por un golpe de Estado dirigido por el titular de las Fuerzas Armadas, general Raoul Cedras y el mayor Michelle Francoise. El presidente Balaguer despreciaba a Aristide por difamador, y proporcionó todo apoyo al general Cedras.

El artículo 15 del acuerdo de contratación de braceros de 1952 establecía su retorno al concluir la zafra, y esa medida nunca fue cumplida por las partes contratantes, y es ahí donde se origina el problema de la naturalización, la esclavitud que no existe cuando se paga jornales y la apatridia que es una falacia porque Haití no registra a sus nacionales en su territorio y mucho menos los nacidos ilegales en República Dominicana.

Los restavek, hijos cedidos por sus padres para que otros los críen por poder alimentarlos ni educarlos, con pésimos tratos y traumas psicológicos terribles, es una reincidencia en la sociedad haitiana, y los restavek no son pasibles de registros en actas de nacimiento.
El generalísimo Trujillo ordenó el condenable e infame genocidio de nacionales haitianos que se produjo entre el tres y el cinco de octubre de 1937 y donde perecieron salvaje e inmisericorde entre tres mil a cinco mil nacionales haitianos, justificado por Angel del Rosario Pérez en su obra La Exterminación Añorada, l957, sin identificación editorial.

Es la absoluta interpretación y ejecución de las leyes 284-05 y 168-13 los instrumentos jurídicos que deben y tienen que delinear la consensualidad entre los dos Estados para armonizar las relaciones, identificar a sus nacionales y estrenar una etapa de convivencia fructífera entre los dos Estados que comparten la isla Hispaniola. En el ínterin, Haití entiende que el factor desgaste del tiempo es su mejor aliado, con la invasión pacífica de sus nacionales en territorio dominicano.

Haití debe suspender sus falacias en los organismos internacionales como método de chantaje y acusaciones mentirosas de racismo y maltrato a sus nacionales, una patraña que ni Puerto Príncipe cree cierta.