En el caso del asesinato del ex coronel de la Policía José Amado González y González, sale hoy a relucir que la placa del vehículo en el que viajaban los matones estaba asignada a un ex mayor del Ejército; que horas antes del homicidio la víctima tuvo un encuentro con un coronel y que después del crimen otro coronel acudió al apartamento del occiso a retirar una caja fuerte y documentos.

Al abrir esa caja de Pandora afloran los nombres de tres coroneles y un mayor, incluido al malogrado González y González, quien había sido separado de la Policía por supuesta vinculación con el fugitivo José David Figueroa Agosto.

También se afirma que la yipeta usada para perpetrar el asesinato que tenía placa del Ejército Nacional, pertenecía a una compañía de carpeta propiedad de Figueroa Agosto.

Se resalta también que el coronel policial fue masacrado con ráfagas de metralletas de los tipos AK-47 y Uzi y que posteriormente otros individuos que viajaban en motocicletas intentaron quemar en el ensache Piantini, el vehículo usado en el crimen.

Los primeros datos que afloran sobre este homicidio comprometen muy seriamente el prestigio de las Fuerzas Armadas y de la Policía, porque en ese caso de ajuste de cuentas se mencionan a dos coroneles y un mayor, sin olvidar que el asesinado fue otro coronel de la Policía.

Es menester recordar que en el expediente sobre la matanza de Paya, se involucra a por lo menos 12 oficiales de la Marina de Guerra, por lo que parece llegado el momento de desinfectar de inmundicias a las instituciones militares y policiales.

Ejército, Fuerza Aérea, Marina o Policía no son grupos de masonería para que sus miembros se obliguen a guardar secretos, menos aún cuando se trata de acciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

El expediente Figueroa Agosto ha tocado muy de cerca a institutos castrenses y a la Policía, lo que obliga a las autoridades a remover cielo y tierra, sin importar cuántas barras o estrellas se precipitan al pantano.