El Congreso está en ineludible deber de investigar el probable incumplimiento por parte de Estados Unidos de un acuerdo con República Dominicana mediante el cual se obliga a proveer a autoridades nacionales de información que conduzca a interceptar aviones sospechosos de transportar drogas.

Ese convenio, vigente desde 2005, implica el compromiso estadounidense de suministrar información de radar en tiempo real en apoyo a operativos locales para impedir lanzamientos de drogas sobre el territorio nacional.

El diputado Pelegrín Castillo (FNP-DN) ha denunciado que durante los cuatro años de vigencia de ese acuerdo se han producido entre 400 y 500 incursiones ilegales en el espacio aéreo local.

Dijo que la mayoría de esas aeronaves no han podido ser o interceptadas por falta de información o apoyo logístico de la parte estadounidense.

Es por eso que el legislador reclama que el Congreso dominicano investigue la pertinencia de ese acuerdo, que, a su juicio, se ejecuta con deslealtad y manipulación.

Es menester que liderazgo político y sociedad valoren la gravedad de la denuncia expuesta por ese legislador, referida al incumplimiento de un acuerdo sobre respaldo al combate contra el narcotráfico, pese a que Washington conoce de las precariedades que confrontan las Fuerzas Armadas dominicanas para poder interceptar aviones sospechosos de transportar drogas.

El diputado Castillo refiere que aviones y helicópteros estadounidenses han intervenido en menos del diez por ciento de los casi 500 casos de incursiones ilegales en el espacio aéreo nacional, lo que supone un virtual incumplimiento del tratado de referencia.

Ante esa clara negativa o dejadez en ofrecer apoyo logístico en operativos de interceptación de vuelos ilegales, se impone que el Congreso apruebe la ley que autoriza a la Fuerza Aérea a derribar las naves que acarrean drogas, como acción de legítima defensa a la integridad del espacio aéreo y del territorio nacional.

Basta de hipocresía.