El año 2018 estuvo marcado por crisis económica para algunos, como los venezolanos huyendo de su país natal o el grupo de latinos en la gran “caravana centroamericana” rumbo a Estados Unidos por mejor vida, mientras otros se enriquecieron vía delitos medioambientales.

En ese año se registró un volumen de negocio ilícito entre 110 y 281 millones de dólares estimados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, convirtiéndose estos en el tercer delito mas lucrativo del mundo, siendo superado por el narcotráfico y el contrabando, respectivamente.

Estos números han ido en crecimiento exponencialmente en los años recientes, con un aumento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio carente de alcance y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal.

Nuestro país no es la excepción a los delitos medioambientales. República Dominicana, al ser rica en recursos es foco de estos delitos especialmente mineros y forestales, los cuales son explotados ilegalmente en áreas de poca o nula seguridad.

La ley 64-00 otorga al Ministerio de Medio Ambiente potestad sancionadora y el Dr. Orlando Jorge Mera ha creado el departamento de fiscalización además de la sinergia de trabajo con el SENPA (Servicio Nacional de Protección Ambiental) para proteger los recursos.

Florecen las semillas del esfuerzo y un ejemplo es el otorgamiento de títulos de propiedad al Estado Dominicano sobre las áreas protegidas, desocupación de la playa Cabeza de Toro y la protección de Loma Miranda.

El Estado ha concentrado recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como en la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictivos.

Han surgido de organizaciones especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros, y sus delitos conexos como la corrupción, el lavado de activos, el sicariato y la explotación laboral y sexual.

Si tenemos en cuenta que República Dominicana posee más del 40% entre áreas verdes, minas, arrecifes, fauna salvaje y que la complejidad geográfica y política hace difícil el control efectivo del territorio, la lucha contra los delitos ambientales en su conjunto es una tarea titánica.

Por eso es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, el desarrollo estratégico debe obligatoriamente pasar por la creación de un marco regulatorio actual y acorde a las necesidades, ya sea mediante protocolos nacionales o internacionales adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional, Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente.

Por: Luis Pérez Fondeur
luishp07@gmail.com