Tal parece indicar que sobre la muerte del dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en un colegio electoral del barrio Simón Bolívar el día de las votaciones no se repetirá el bochornoso expediente de la impunidad de los crímenes durante los procesos comiciales.

Tras los familiares de Julio César Pérez responsabilizar de su muerte al administrador del hospital Moscoso Puello, Gerpi Polanco, contra quien también se querellaron, la Procuraduría General de la República emitió una orden de detención contra el funcionario. También se detuvo para fines de investigación a cuatro empleados de seguridad del centro que habrían participado en el suceso.

Los abogados del delegado del PRM dicen que los homicidas fueron contratados con el propósito de ultimarlo y de esa manera incidentar las votaciones. Otros alegan que el plan no era matar a nadie, sino crear un ambiente de pánico que obligara a suspender las votaciones.

Y en apoyo a la versión se cita que los dos heridos, que transitaban en un motor, son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Si no se aclara el suceso ahora, la responsabilidad será para las próximas autoridades, con la salvedad de que el PRM ha advertido que el caso no quedará impune.