El panorama en Venezuela se torna más gris. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en el principal blanco de la cacería iniciada por el Gobierno contra los que han cuestionado la Constituyente convocada para el 31 de este mes, mientras la violenta represión a las protestas populares, que se reanudaron el 1 de abril, ya han cobrado la vida de 85 personas.
A la fiscal Ortega Díaz, a quien ya se le había prohibido salir del país y se le congelaron sus cuentas bancarias, ha sido acusada por el propio presidente Nicolás Maduro de formar parte de una supuesta conjura golpista. La embestida se fortaleció desde que tomó la decisión de citar por presuntas violaciones de los derechos humanos al jefe de inteligencia, Gustavo González López, y al excomandante de la policía militarizada, Antonio Benavides. Tan acosada está la jefa del ministerio público que ha pedido protección a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pero sin renunciar a sus funciones.
El Nacional
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