La crisis del subsector eléctrico se ha convertido en crónico dolor de cabeza para la población y en barril sin fondo para la economía a la que el año pasado le extrajo más de mil cien millones de dólares en subsidios, sin que el Gobierno encuentre forma de salir de la oscuridad.

El programa de expansión de la oferta de electricidad está virtualmente paralizado por falta de inversión de los sectores público y privado, a pesar de reiterados anuncios sobre la construcción de al menos dos plantas a carbón que generarían en conjunto unos mil megavatios.

La autopista eléctrica que se construye para garantizar suministro a Santiago y la zona Norte acusa retrasos a pesar de que los recursos para su construcción fueron aprovisionados desde hace años, lo que condena a esa extensa zona de gran producción agropecuaria, industrial y turística a sufrir con mayor intensidad el calvario de los apagones.

Poco se sabe del Plan Estratégico de Desarrollo de la Industria Eléctrica, consensuado por el Gobierno y el sector privado en julio de 2007, que tendría una duración de diez años e incluiría la revisión de todos los contratos entre el Estado y las empresas generadoras.

Al día de hoy sólo se han revisado los contratos de la empresa Metaldom y de otras dos propiedad del grupo español Unión Fenosa, sin que todavía se logre algún tipo de avenencia con entre el Gabinete Eléctrico y las generadoras Ege Haina, San Felipe y Cogentrix.

Más de la mitad de los mil cien millones de dólares depositados en el barril sin fondo del programa de subsidio al subsector eléctrico se destinaron a cubrir pérdidas por sobreprecios indexados a empresas generadoras, lo que ofrece una idea de la magnitud de la crisis.

La energía eléctrica que consumen los denominados sectores carenciados, apenas representa el 15 por ciento de las pérdidas totales del sector, las cuales son cargadas exclusivamente a las distribuidoras, por lo que difícil será creer que el mal está en la sábana.

Ante lo que puede definirse como gran calamidad nacional, parece llegado el momento en que, Gobierno y sector privado pongan las cartas sobre la mesa, hablen con claridad y expongan sin subterfugios las acciones que sean convenientes y oportunas para rescatar al subsector eléctrico, antes que se produzca un indeseado apagón popular.