Cuando se anunció en enero de este año la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, el colectivo Marcha Verde fue la primera entidad que propuso cambiar a todos los integrantes del alto tribunal de justicia del país. En esa ocasión, recuerdo que fue el 22 de enero en ocasión de la celebración del segundo aniversario de la entidad, cuando depositaban una ofrenda floral ante el Altar de la Patria.

Posteriormente a este grito se fueron sumando otros sectores de la sociedad, encabezado por las entidades sindicales, empresariales y religiosas que coinciden en que todos los magistrados de ese tribunal deben ser sustituidos por jueces independientes de la partidocracia, con trayectoria limpia, inmaculados, que puedan contribuir en que la gente confíe en las decisiones del aparato de justicia del país.

Todo este este proceso de cambio debe hacerse con mayor transparencia, a fin de ese órgano superior de la judicatura dominicana, se encamine hacia su consolidación y levantar una cortina de credibilidad y confianza ante la población.

Esta es la oportunidad que tiene el país para escoger los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia con trasparencia y que implique un cambio de gerencia, como forma de que ese sector sirva de modelo a otros estamentos de la judicatura.

Desde hace tiempo, el país viene pidiendo a grito que haya un cambio en el sistema de justicia, y aunque parezca contradictorio es desde la cúpula empresarial que provienen las mayores voces, aunque sabemos que cuando la justicia es justa, se beneficia toda la sociedad. ¡Pobres y ricos por igual!

Por razones de orden social, económicas, institucionales y desarrollo integral a que estamos compelidos los dominicanos a emprender a estas alturas de los avances de la humanidad, nuestro país urge de una nueva justicia, cuya oportunidad de iniciarla es ahora.

Ahora depende de los miembros del CNM y de los sectores interesados en el avance institucional del país, que la composición de la nueva Suprema Corte de Justicia contribuya, realmente al fortalecimiento del sistema judicial, o que continúe en los niveles de degradación que han sido en parte responsables del auge de la inseguridad, el desasosiego social y las ostensibles lagunas del estado de derecho.