El Gobierno no termina de entender que el camino fácil del endeudamiento conduce más temprano que tarde al despeñadero económico, como ha sido la desgracia de no pocas naciones del continente acostumbradas a financiar con más deuda el déficit fiscal, sin procurar reducir gastos ni incrementar ingresos.
La deuda del sector público no financiero (SPNF) se incrementó a noviembre de este año de US$57,587.2 millones a US$61,616.9 millones, lo que indica que a final de 2025, aumentó en términos absolutos a US$4,029 millones, equivalente a un 48 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante ese mismo período, el SPNF contrató préstamos en promedio mensual por US$366.3, millones, lo que ofrece un preocupante panorama en torno al desenfreno o temeridad en la adjudicación de deuda, muchas de las cuales son dirigidas a pagar intereses y capitales de compromisos añejos.
Para financiar el servicio de la deuda pública consignada en el Presupuesto General del Estado del 2026, el Congreso aprobó una emisión de préstamo por hasta RD$$401,767.8 millones, equivalentes a más de seis mil millones de dólares, lo que representa casi el 22 % de la estimación total del Presupuesto.
El Gobierno argumenta que en términos relativos el endeudamiento público se reduce en vez de aumentar porque el PIB nominal se incrementa cada año, lo que refleja un incremento de la riqueza nacional, pero en 2025, la economía crecerá menos del 3.0 % y no el 5.0 % del año pasado, por lo que, basado en ese criterio, la deuda sube, en vez de bajar.
Aun así, en términos relativos la deuda del sector público no financiero se incrementó en 1.7 % durante el periódico enero-noviembre de 2025, al pasar de 46.3 % al 48 %, lo que debería ser motivo de preocupación para las autoridades.
Lo saludable seria que el monto del endeudamiento y su dinámica se midan en términos absolutos, porque al fin y al cabo el Gobierno tendrá que pagar sumas de dinero a vencimiento, tanto de intereses como de adelanto de capital, como, por ejemplo admitir que este año la deuda aumentó en US$4,000 millones.
Conviene recordar que Puerto Rico declaró estado cesación de pagos, el 1 de mayo de 2016, cuando no pudo saldar una factura de US$422 millones y cuando su deuda ascendía a US$70,000 millones. Ese monto aumentó en 2017 a US$123,000 millones, incluidas obligaciones de pensiones no financiadas (US$49,000 millones), y aun las finanzas boricuas están bajo control del Tesoro de Estados Unidos.
