Es evidente que el país está inmerso en una frenética campaña electoral. Eso ocurre sin importar que la ley consagra el período en el que se supone que la misma debe llevarse a cabo, con lo cual queda demostrado, una vez más, que carecemos de una mínima institucionalidad que obligue a que las cosas se realicen de conformidad con las normativas vigentes.

De igual manera, tal como muy bien lo definiera el Presidente de la República cuando intentaba convencernos de que solo le interesaba ejercer el poder por un solo mandato y nunca más, los funcionarios están dando demostraciones de confusión entre el patrimonio público y el partidario, afectando con ello la economía y la imagen del primer mandatario, lo que ahora parece no importar.

El carnaval electoral continúa su marcha apabullante
La Junta Central Electoral no puede eludir su responsabilidad en que las cosas sucedan de esta manera porque pese a las prerrogativas que le asisten, derivadas de los artículos 211 y siguientes de la Constitución de la nación, se escuda en la ausencia de ley de partidos políticos y en el texto de la ley electoral actual para esgrimir que carece de competencia para intervenir en las evidentes distorsiones que caracterizan los procesos electorales dominicanos cuando aun no esté abierto el tiempo legal fijado para la campaña política.

En un escenario de esa naturaleza, es obvio que siempre tendrá ventajas competitivas quien disfruta de las posibilidades que otorga el poder en un Estado sin ningún control, donde se puede disponer del presupuesto público como si fuera una alcancía doméstica. De esa manera es fácil conquistar y preservar el predominio en las riendas del gobierno y construir un simulacro de liderazgo que se desmorona desde que desaparecen las endebles columnas que lo sustentan.

Como el argumento de la dirección hegemónica de la Junta Central Electoral es que ella no puede actuar fuera del período electoral legalmente establecido, uno de sus integrantes, el Dr. Eddy Olivares, propuso que se adelantara dicho plazo para dotar de competencia al organismo electoral e intentara de esa forma propiciar un poco de equilibrio en la inequitativa competencia política. Era una magnífica oportunidad para transformar algo que, con o sin proclamación, se está dando en la realidad. ¿Acaso por no haberse declarado abierta la campaña esta deja de estar en curso? Como era previsible, el partido gubernamental se opuso a la propuesta. Y el carnaval electoral sin control, continúa su marcha apabullante.