Editorial

Canasta de conflictos

Canasta de conflictos

El indulto que concedió el presidente Leonel Fernández a favor de cinco reos se adhiere a otras decisiones en los ámbitos judiciales y administrativos que han sido motivo de gran controversia pública y que seccionan a la sociedad entre censura y admisión de pertinencia.

En los últimos días, el radar de la opinión pública ha recibido ruidos  provenientes de la Suprema Corte de Justicia, por una sentencia cuestionada; de la  Cámara de Cuentas, por denuncia de colisión ética, y de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, a causa de supuestas irregularidades en las cubicaciones de una obra.

El perdón presidencial se agrega, pues, a esa atestada canasta de conflictos o escándalos que agrietan el debate público en tiempo cuando debe cultivarse sosiego, esperanza y optimismo.

Es menester, sin embargo, que la ciudadanía asimile tales sucesos más con cabeza fría que corazón ardiente, como garantía de que todos puedan forjarse juicios serenos, cercanos a la objetividad, sin necesidad de  concesiones filisteas ni de  injustos flagelos.

El indulto  a Vivian Lubrano de Castillo, Antonio Marte, Pedro Franco Badía, Milcíades Amado Guzmán y Gervasio de la Rosa, se inscribe  dentro de una prerrogativa constitucional. Por tanto puede decirse, en términos estrictamente jurídicos, que el mandatario actuó apegado a la ley.

Se señala también que el perdón presidencial se concede a imputados que han sido condenados en última instancia con penas aflictivas e infamantes, por consiguiente, los merecedores de esa  indulgencia han de ser reos, que a la luz del ordenamiento jurídico, incurrieron en faltas graves contra la sociedad. El indulto va dirigido al condenado o infractor de la ley.

A los ciudadanos les asiste libre albedrío para lanzar piedras o claveles sobre la controvertida decisión presidencial, pero es de justicia admitir que  ese indulto no violenta la ley, aunque para muchos sea más acíbar que miel.

Al emitir juicios apasionados sobre ese indulto y otros casos álgidos, como los que afectan a la Suprema Corte de Justicia y Cámara de Cuentas, conviene señalar que una crisis ética y moral convulsiona al mundo de hoy y ha sido causa de la más terrible crisis económica y financiera en más de un siglo.

Lanzar piedras sobre los caídos no resulta útil a los deseos colectivos de poder sanear a una sociedad como la dominicana, enferma hasta el tuétano de corrupción, que más que discusiones estériles, requiere higienizarla con cloro ético y moral.

El Nacional

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