El freno al deterioro moral e institucional de los organismos del Estado y de las estructuras políticas que le sirven de soporte, por el que clama hoy un grupo de asociaciones empresariales y sociales, tendría mayor eco si se incluye en ese catálogo de la corrupción a actores del sector privado que incurren en prácticas contrarias a la ley y a la ética.

Se aplaude la iniciativa asumida por las entidades encabezadas por las asociaciones de Industriales de Herrera y de Jóvenes Empresarios, pero es menester evitar que a ojos y buen juicio de la ciudadanía se interprete esa acción como una acometida que pudiera estar sesgada por intereses corporativos.

El dilatado deterioro moral e institucional en el ámbito oficial ha estado vinculado a prácticas empresariales desleales o que colisionan con la ley penal, tales como evasión de impuestos, contrabando, monopolio y oligopolio.

Aunque con mayor notoriedad en el Estado e instituciones políticas, la degradación ética afecta a casi todo el tejido social, aunque valga decir que consuelo de muchos es consuelo de tontos.

Tienen razón las entidades que expresan quejas porque la sociedad no les ha impuesto censura a los actos de corrupción en gobiernos sucesivos, pero hay que añadir que tampoco ha lanzado piedra contra la amoralidad que supura desde el ámbito privado.

En el mundo de hoy, agobiado por la más terrible crisis económica y ética, la corrupción ha de combatirse en forma integral, más aun porque el crack financiero que abate a la humanidad ha sido causado por un tipo de organización social que el Papa Juan Pablo II definió como capitalismo salvaje.

La sociedad está compelida a atender el clamor de las asociaciones empresariales y sociales que hoy claman por freno y censura a la corrupción en el ámbito público, pero está en deber también de que se emprenda la misma cruzada contra ese tipo de inconducta que pueda aflorar en la empresa o en el púlpito.

Cuando se hable de corrupción es menester referirse al Estado, al empresariado y a la sociedad toda.