El nuevo fracaso ayer entre centrales sindicales y gremios empresariales por fijar un monto salarial, obliga al Gobierno a cesar su papel de árbitro o componedor, e imponer por decreto un aumento general de salarios.

Lo deseable sería que, con la mediación de la Secretaría de Trabajo, empleadores y trabajadores acuerden razonables incrementos en tarifas mínimas sectoriales y un alza general de salarios en proporción, quizás, al incremento de la inflación.

Es verdad que la ley encomienda al Comité Nacional de Salarios a promover concertación en torno al monto del salario mínimo, según áreas de producción, pero también es cierto que el secretario de Trabajo actúa como instancia superior y única ante la imposibilidad de que las partes puedan arribar a acuerdos.

Desde hace tres meses debió aplicarse aumento en las tarifas mínimas, pero los niveles propuestos por patronos y sindicatos distan entre lo ridículo y lo absurdo.

La posibilidad de que se arribe a algún tipo de avenencia en torno al monto del aumento salarial es todavía distante porque, aunque el sector sindical ha reducido sustancialmente sus exigencias, la Confederación Patronal rechaza la propuesta de aumento general de salarios.

Mientras el hacha va y viene, el salario del sector privado está más que deprimido, en razón de que se ha mantenido inalterable por más de dos años, a pesar de que la inflación acumulada hace tiempo que pasó de dos dígitos.

Hace bien el secretario de Trabajo, doctor Max Puig, al advertir que ante la terquedad de los intereses confrontados, las autoridades decretarían un incremento unilateral en las escalas salariales no gubernamentales.

No hay razón ni derecho para esgrimir, supuestos estatutos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), como lo ha hecho la presidenta de la Patronal, licenciada Marisol Vicens, para negar toda posibilidad de un aumento general de salarios en el sector privado.

De nuevo hay que referirse al cántaro y la piedra.