Erróneamente se atribuye caos o desorden en el tránsito en el gran Santo Domingo al incremento de las actividades económicas, sin tomar en cuenta que ese es un grave problema que se agudiza con el paso de los días atizado principalmente por persistente violación a la ley sobre movilidad y seguridad vial.
Desde hace muchos años, las autoridades han identificado las áreas que requieren ser intervenidas con construcciones de pasos a desnivel, elevados o túneles para viabilizar el tránsito desde y hacia la Gran Ciudad, así como en los corredores interiores.
Esas obras urgentes o prioritarias no han merecido debida atención de las autoridades que alegan falta de recursos para insertarla en el Presupuesto General, por lo que el abordaje al problema vial se limitó a acometidas cosméticas, como cambios en la dirección del tránsito vehicular.
Leer: Caos en el tránsito
Lo peor ha sido el incumplimiento en la aplicación y observancia de la ley sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, lo que motiva que camiones y patanas transiten en horarios prohibidos sobre calles, avenidas y sectores vedados al paso de ese tipo de vehículos.
Por alguna razón poderosa, los agentes de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digessett) permiten que conductores de motocicletas, autobuses y minibuses violen la señal roja del semáforo, transiten en vía contraria, o de forma temeraria a nivel de velocidad.
Cuando se creía que ese desorden vial sería mitigado con la ejecución del plan de semaforización del Gran Santo Domingo, propias autoridades develaron un grave entramado de irregularidades en ese proyecto, cuya investigación fue encomendada al Ministerio Público.
La Alcaldía de Santo Domingo Este inhabilitó una millonaria instalación construida en esa demarcación que serviría como estación de autobuses, pero nunca se ofreció alternativa en otro lugar que no dañara el medio ambiente, por lo que prevalece el caos en el tránsito entre la capital y la zona oriental.
Como de suerte, el Gobierno anunció destinaria gran parte de los US$775 millones que recibiría por la ampliación del contrato de adjudicación de los aeropuertos del Estado a la construcción de puentes, elevados y pasos a desnivel en la capital y provincia Santo Domingo, pero para afrontar el desorden vial, se requiere hoy cumplir y obligar a cumplir con la ley, sea quien sea el violador.
