La incapacidad demostrada por las autoridades para aplicar la Ley de Tránsito está convirtiendo las calles de la capital en una selva, donde nadie está exento de ser atropellado por imprudentes conductores o desaprensivos motociclistas. Conductores con licencias vencidas o con un rosarios de “multas” que nunca pagan, convirtiéndose en los terrores del volante, para los que no existe la legalidad. La mayoría de estos infractores conducen vehículos destartalados, sin cumplir con las normas de seguridad como: luces, frenos y neumáticos en buen estado.

Todos son “padres de familia” que conducen carros públicos o guagua para el transporte de pasajeros. También están afiliados a sindicatos a los que el Gobierno parece temer.

Las imprudencias de los choferes de guaguas y carros públicos son alarmantes. Los rebases temerarios, las altas velocidades, la competencia por los pasajeros, la violación de la luz roja y la falta de luces direccionales hacen de las calles áreas peligrosas, caóticas y anárquicas.

Los motoristas constituyen otro dolor de cabeza para la sociedad. Al igual que las aguas, transitan por los elevados y los túneles, cruzan los pilotillos y se suben a las aceras sin ningún miramiento.

El uso inadecuado de las luces altas, usadas en las carreteras para ver a largas distancias y evitar que el conductor sea sorprendido por objetos o situaciones inesperadas, se convierten en elemento causante de tragedias en las calles y avenidas.
Muertes, invalidez y mutilaciones de conductores y pasajeros son el resultado de esas impruedencias.
La existencia en el país de siete instituciones gubernamentales para manejar el tránsito no ha sido suficiente para imponer el orden en calles, avenidas y carreteras.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos, la Oficina Metropolitana de Servcio de Autobuses (OMSA) y el organismo regulador de taxis (CART)siguen sin encontrar una solución al alarmante y peligroso problema.
Miles de personas mueren cada año, mientras la Ley 241 sigue siendo letra muerta.

En el 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe que revela que República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo, con una tasa de 41.7 por cada 100 mil habitantes.
Los hospitales traumatológicos del país siguen reportando más víctimas trágicas a causa de los accidentes de tráfico.

No existen mecanismos de aplicación al mandato de la Ley 241 y, cuando las autoridades intentan hacerlo, incurren en “atroces” violaciones a los derechos fundamentales, como la incautación de los vehículos.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) emitió ayer un comunicado para advertir que el anuncio de las autoridades de colocar un impedimento de salida a un ciudadano infractor de la Ley 241 es ilegal e incontitucional, porque viola sus derechos fundamentales.
La institución de la sociedad civil considera inaceptable que la Procuraduría General de la República impongan medidas de coerción por esa causa. Afirma que cobrar las multas es una atribución de los tribunales de tránsito.

UN APUNTE

Violadores oficiales

La ciudadanía observa asombrada como, sin ningún escrúpulo, los vehículos con placas oficiales violan la luz roja de los semáforos o hacen rebases imprudentes. No es raro observar policías uniformados transitar en motos sin luces ni placas en túneles y elevados.