La venta del barrio Los Tres Brazos, un tanto relegado por el revuelo que se creó sobre el tema del aborto, es un capítulo que más temprano que tarde tendrá que aclararse. No solo en lo relativo al precio de 72 millones de pesos en que la Corporación de Empresas Estatales (Corde) vendió el sector a la compañía Inversiones Fernández Parache (Infepa), sino para determinar si la operación fue legal.
Antes que ayudar a esclarecer el negocio, Corde no hace más que ensombrecerlo al sostener que por ser un ente descentralizado la operación no tenía que ser conocida por el Congreso.
Juristas y dirigentes políticos han cuestionado la transacción, que una comisión de la Cámara de Diputados ha decidido investigar. Los especialistas sostienen que la operación es inconstitucional, toda vez que los contratos de enajenación de bienes públicos deben pasar por el Congreso, sin importar, como en el caso de Corde, que se trate de una empresa descentralizada. El caso no se puede engavetar.
El Nacional
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