Una penosa ley

Señor director:

El artículo 255, la Constitución de la República establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, bajo la autoridad del presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad en ningún caso para deliberar.

Estas condiciones de la Policía le permiten prevenir y controlar los delitos y perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección legal de la autoridad competente.

Pero cuando el legislador plantea que la autoridad competente sea la fiel supervisora de que el órgano represivo se rija, no lo hace de manera alguna por la incapacidad investigativa del órgano policial, sino más bien por el limite que debe existir entre dichos poderes.

El rango de investigador, claramente lo tiene la Policía Nacional, en cualquier aspecto de una infracción de tipo penal. Así fue establecido en nuestra Carta Magna, pero más aun, en el recién inaugurado Código Procesal Penal, el artículo 91 establece: La policía por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, debe investigar los hechos punibles de acción publica, impedir que se lleven a cabo, completen o extiendan en sus efectos de pruebas útiles para determinar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos y ejercer las demás tareas que le asignan su ley orgánica y este código.

Y el artículo 92 del referido código plantea que la Policía tendrá la obligación de practicar diligencias orientadas a la individualización física e identificación de los autores o cómplices del hecho punible.

Es decir, tanto constitucional como procesalmente, la Policía Nacional juega un rol investigativo determinante, pero si por falta de recursos y mal manejos de los poderes del Estado frente a este cuerpo, los procesos de investigación quedaran en manos de una policía recién creada, vamos por mal camino, porque todos conocemos las mutilaciones a un órgano que en vez de quitarle habría que fortalecerla y no obedecer a caprichos insaciables de ciertos sectores mutilándole más de lo que históricamente se conoce.

Pienso que con la creación de una policía judicial se le dará apertura a otra división entre los órganos que pueden controlar la delincuencia, y esto traerá más rivalidades. Y con estas rivalidades la más perjudicada será la sociedad dominicana.

Atentamente,

Lic. Rafael Linares

Santo Domingo