Digna de mejor suerte

Señor director:

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A casi tres meses de haberse producido la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano referente al otorgamiento de la nacionalidad dominicana, el país sigue sumergido en una crisis inducida. Es evidente que la sentencia ha venido a estropear algunos planes espúreos que ahora se han contrariado. Es así como se demuestra que más antes debió producirse este dictamen.

Está muy claro que ese vendaval de denuncias y amenazas de sanciones, son una trama que busca materializar un abuso sin precedente contra país alguno. Pero lo más lamentable es que esta situación creada es, sin equivoco, en un 90% responsabilidad de la traición interna incubada en el alma vil de un grupo de dominicanos y dominicanas que a nivel personal e institucional están cavando la fosa para su propio país a favor de los intereses haitianos. Alguien debe escribir esta historia para que quede sellada por siempre en la conciencia de muchas generaciones.

Estos comportamientos deplorables, acusan una profunda carencia en la formación en valores cívicos y el arraigo del sentimiento patriótico, recurso que salva y unifica a cualquier país cuando hay amenazas exteriores que están al asecho. Esos seres humanos que lamentablemente ostentan el gentilicio de dominicano, en estos momentos nos decepcionan y lastiman la conciencia y el espíritu de la dominicanidad, pues alegremente se colocan de espalda al interés nacional, y prefieren ser violadores fragrantes del Código Penal dominicano, encajando perfectamente dentro de los delitos aquí establecidos. Veamos:

El Art.76, reza que “Toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate de ponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el gobierno que la represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que, contra las disposiciones del gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquiera institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de 30 años de trabajos públicos. La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las actuaciones mencionadas aunque ello se realice desde el extranjero”.

Atentamente,

Melania Emeterio Rondón