Transparencia y equidad
Señor director:
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La semana pasada se anunció que los tres partidos políticos tradicionales de la República Dominicana se habían puesto de acuerdo entre sí en un nuevo proyecto de Ley General de Partidos, al cual se le habría adicionado un artículo transitorio hasta la aprobación de una modificación de la Ley General Electoral.
5. El proyecto de ley acordado entre los tres partidos aludidos deja fuera aspectos esenciales orientados a garantizar la transparencia en cuanto al origen y uso de los recursos que reciben los partidos para su financiamiento; obvia el tema de la equidad con relación al uso de los medios de comunicación, y mantiene a las mujeres en una situación de discriminación con relación a su acceso en condiciones de equidad a las posiciones directivas en los partidos y a las candidaturas electorales.
6. No estamos de acuerdo con que se deje de lado la rendición de cuentas. Por eso, nos oponemos a que se excluya de la ley el establecimiento de topes en el financiamiento privado y se supriman los controles que permitirían fiscalizar el origen de los ingresos de las organizaciones políticas. Para nosotros es fundamental que se obligue a los partidos a informar quiénes son sus donantes, aspecto que había sido propuesto por la propia Junta Central Electoral en el proyecto de ley que esta había presentado. Mantener el silencio de la ley en una cuestión tan crucial como esta significa abrirle de par en par las puertas del sistema político al dinero proveniente del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado o de cualquier otra fuente ilícita.
7. No estamos de acuerdo con dejar de regular el uso de los medios de comunicación, a fin de garantizar el acceso en condiciones de equidad a todas las fuerzas políticas. En el sistema electoral dominicano un grupo político dotado de los recursos financieros suficientes, independientemente de su origen y legitimidad, puede comprar y utilizar a su antojo los espacios de radio y televisión que quiera. Esta es una situación completamente inadmisible en cualquier sociedad medianamente democrática.
8. No estamos de acuerdo con una ley de partidos y un sistema electoral en el que no se establecen sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean, organizan y ejecutan crímenes electorales que solo tienen como propósito perpetuar su permanencia ilegítima en las instancias del Estado a quienes los promueven.
Atentamente,
Alianza País (Alpaís), Alianza Por la Democracia (APD), Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio (FA), Movimiento Patria Para Tod@s (PPT), Opción Democrática (OD) y Partido Revolucionario Moderno (PRM).