El Ministerio de Trabajo
Señor director:

Temo que en el Ministerio de Trabajo se repita la tragedia que enlutó a la Oficina de Ingeniero de Obras del Estado (OISOE) a finales de septiembre recién pasado.
Esa institución estatal tiene deudas millonarias con los abogados que tienen contratos de cuotas litis, a los cuales les han retenido los pagos.

Esos abogados se dedican al cobro compulsivo de la Ley 686, del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, cuyos aportes contribuyen al desarrollo de esa institución y a la obtención de pensiones para los trabajadores de ese importante sector de la economía dominicana.

La semana pasada, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, instruyó para que sean liberados esos pagos, cuya retención mantiene al borde de la quiebra a más de una oficina de abogados.
Sin embargo, han tenido más peso las propuestas de negociaciones para dividir esos honorarios que el mandato emanado del alto ministro palaciego.

Como los abogados se han negado a tirar por la borda el fruto de su trabajo, los recursos no han sido liberado, como dispuso José Ramón Peralta.

Para los abogados y para la población en general resulta muy preocupante la falta de garantías en los trabajos relacionados con el Estado dominicano.

Los recursos reclamados no pertenecen al renglón de fondos públicos, son propiedad del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción y deben ser liberados por el Ministerio de Trabajo, para que esa organización de trabajadores pueda cumplir con el compromiso asumido con las oficinas de abogados que contrató para cobrar ese dinero.

Son fondos de los trabajadores de la Construcción asignados por Ley. No son fondos públicos los que están reclamando esas oficinas de abogados, que fueron instaladas y están funcionando con apego a las leyes del país.
Son oficinas que trabajan con un personal que tiene derecho a cobrar mensualmente los salarios para sustentar a sus familias de una manera digna.
Son oficinas que pagan facturas de energía eléctrica, agua potable, teléfonos y seguros médicos para sus empleados y sus familiares.

Atentamente,
Agustín Benitez, abogado
de la República