Aplicacar las leyes

Señor director:

Cuentan que en la postrimería del trujillismo residía en el país un jurista español que mostraba sorpresa por la cantidad de leyes que existían en ese entonces en nuestro ordenamiento jurídico. Afirmaba que, si esas reglas se aplicaran, la República Dominicana fuera muy superior a Suiza.

Desde ese época, se ha multiplicado la cantidad de leyes, decretos y reglamentos que no se ejecutan y son letra muerta por el desuso y la violación alegre de los gobiernos y de aquellos ciudadanos proclives al delito y al crimen.

Es censurable que el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, haya admitido que el actual gobierno viola 24 leyes que especializan fondos del Estado, justificando su desprecio a esas normas: Nadie está obligado a lo imposible.

La sociedad contempla con impotencia cómo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana derrocha recursos en las elecciones, lo que provoca un déficit fiscal que lo induce a incumplir con las leyes que destinan fondos a instituciones públicas.

Por ejemplo, existe una ley que consignan al sector educativo el 4% del producto interno bruto o el 16% del Presupuesto Nacional. Igualmente, hay una ley que otorga el 10% de los ingresos a los ayuntamientos del país. Ambas regulaciones son violadas de manera sistemática por el Gobierno Central, limitando la inversión en educación, la cual es una de la más bajas en América Latina.

La situación de la educación es desastrosa. Hay un déficit de 17,500 aulas, y las autoridades plantean que para conjurar el problema habría que construir 3,500 por año.

Un país marcha bien cuando impera un Estado de derecho. Y para lograrlo, el gobierno debe respetar las leyes adjetivas, y más aún, la Constitución. Un gobierno que no respete su propio marco jurídico cae dentro de la ilegitimidad, y las organizaciones opositoras y los estamentos de la sociedad civil deben empujarlo a actuar en el perímetro de la legalidad.

Ahora tenemos una nueva Constitución, que tiene articulados que en algunos casos implican una involución en el sistema judicial, ya que elimina la independencia del Ministerio Público, cuando le otorga facultad al Poder Ejecutivo para designar al Procurador General de la República y a los fiscales de los diferentes Distritos Judiciales.

Atentamente,

Dr. Hugo A. Ysalguez

Santo Domingo