Amparo contra la ADP

Señor director:
En el presente trimestre del 2017 dos eventos importantes han debido impactar al sector magisterial: el florecimiento de actitudes prejuiciadas, y poca deferencia con el sector (asunto que nuevo no es) y el más reciente: un Recurso de Amparo en contra de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, en Barahona. Por lo general la justicia dominicana es lenta, pero de vez en cuando se pueden producir sorpresas como la demanda ya citada, y que fue elevada por abogados de Barahona a instancia de dos estudiantes, y la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela de un Distrito Escolar de esa provincia sureña, según lo publicado.

La acción se hizo, en virtud, según se ha dicho, del paro de docencia que se mantenía desde un buen tiempo. El fallo del juez fue favorable a los demandantes, y en contra de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP de esa demarcación. Conforme a la decisión judicial, las labores docentes deben reiniciarse de inmediato, de no cumplirse con lo ordenado, el sindicato deberá pagar 50, 000 diario por cada día sin ser ejecutada dicha orden.

Ya quisiéramos que en el sistema judicial se actuara siempre con la misma o parecida celeridad ante tantos casos de esencial trascendencia en el espectro nacional. Tanto la demanda como la decisión del Magistrado, en tiempo record, constituyen hechos novedosos, y es esa novedad la que debe conducirnos a no detenernos en el hecho en si, en lo circunstancial, sino que por el contrario hay que ponerle una mirada trascendente, y ver el caso a posteriori.

Si se ha aceptado el compromiso de enseñar, este es una especie de juramento ante la sociedad, y ante la familia que se confía en la Escuela como instrumento y espacio de progreso en escala ascendente. Además, la educación es un derecho humano y constitucional, asunto que hay que respetar, y ese respetar descansa de modo muy obvio en maestras y maestros que han optado por ese ejercicio.

Hay que decir que en el caso de Barahona y el Recurso de Amparo, no se conocían a nivel general las reales causas que indujeron al profesorado a interrumpir sus labores. Tampoco se tiene información de las instancias a que acudieron los demandantes antes de dar pasos hacia la judialización del caso. Desconociendo los motivos, seria muy ligero decir que estos docentes no quieren dar clases.

Atentamente,
Melania Emeterio Rondón