Empresarios y leyes

Señor director:

La Constitución, consensuada en su aprobación, ha sido burdamente ignorada en su aplicación. La expectativa en torno a una lesiva repostulación del presidente Leonel Fernández se ha erigido como telón de fondo de la estocada que, a todas luces, ha propinado la Cámara de Diputados al sistema institucional.

El sector empresarial, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a la cabeza, no ha tardado en levantarse, consciente del efecto negativo que tiene para la seguridad jurídica y, por ende, para la estabilidad social tanto del roce con la Constitución y las leyes como la violación de los consensos.

El artículo 6 de la Carta Magna establece que «todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución», norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Del postulado deriva que sean nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.

Sin embargo, al acoger la observación del Poder Ejecutivo a la normativa del Consejo Nacional de la magistratura la Cámara de Diputados incurrió en una peligrosa violación, habida cuenta de que la Carta Sustantiva indica, en su articulo 102, que las enmiendas, para su aprobación, requieren de las dos terceras partes de la mayoría presente en el hemiciclo.

Los diputados peledeistas, ejerciendo lo que el presidente de la República había denominado tiranía de la mayoría, acogieron la enmienda sin reparar en el artículo 102 de la Constitución. Esa decisión, defendida con prepotencia, ha motivado que los empresarios asuman la antorcha en defensa del sistema institucional.

No hay que preguntar por el destino de una democracia en la que no se respeten la Constitución y las leyes. ¿Qué inversionista arriesga su capital en una nación que carece de seguridad jurídica?

Los empresarios están contestes que sin respeto a la Constitución y las leyes no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay empleos ni crecimiento sostenido de la economía y, por tanto, la estabilidad pende de un hilo. Es por eso que el PRSD saluda y apoya, por el bien de la nación, los valientes pronunciamientos de los empresarios.

Atentamente,

Rafael Cordero Díaz

Santo Domingo