Ahora le corresponderá al Tribunal Superior de Tierras, como Corte de Apelación, conocer el expediente de los terrenos en Bahías de las Águilas cuyos títulos de propiedad a favor de particulares fueron anulados ayer por la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Departamento Central, Alba Luisa Beard Marcos. Los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, Manuel A. Read Ortiz, juez presidente; Catalina Ferrera Cuevas, Néstor de Js. Thomás Báez, Altagracia V. Concepción Daneri, Lusnelda Solís Taveras, Mercedes Peralta Cuevas, Guillermina Alt. Marizán Santana y Pilar Jiménez Ortiz, tendrán la responsabilidad de ventilar el proceso en segundo grado.
Los abogados que representan a los adquirientes de “buena fe” consideraron que la sentencia violenta todo el derecho de propiedad, por lo que la recurrirán en apelación, por entender que no se sostiene jurídicamente.
Afirmaron que la jueza Beard Marcos suplió de oficio pruebas que les correspondían aportar a las partes. “Estamos dentro de un derecho; este litigio era de carácter privado y entonces eran las partes las que tenían que suministrar las pruebas”.
Dijeron que la jueza, para anular los títulos de propiedad, “utilizó una certificación que ella misma, en su propia sentencia, la descalificó y desechó, y luego la tomó como suya, para alegar que existía una oposición inscrita de la transferencia, además de que anuló derecho de forma general”.
La certificación que fue tomada como base para la nulidad de los títulos de propiedad se contradecía con historial inextenso de la misma parcela emitido el 19 de mayo de este año.
La jueza consideró que Victor Céspedes, entonces procurador general de la República, no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley para retirar la demanda de nulidad de los títulos.
La Jueza precisa que la instancia debió estar firmada por el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía .
“La instancia no estaba firmada por el Presidente sino por el procurador, no cumple con los requisitos de la ley 14/86”, alega en su decisión.
Previo a la nulidad de los títulos la jueza tuvo que fallar todos los incidentes planteados al tribunal durante 17 años y tres meses.
Incidentes de excepciones de procedimiento, incompetencia, litispedencia, nulidad, inconstitucionalidad e inadmisión, fueron fallados para ir allanando el camino de la histórica decisión que devolvió al Estado la propiedad de los terrenos de Bahía de las Aguilas.
La jueza Beard Marcos declaró nulos y sin ningún efecto jurídico las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operación o transacción realizada desde el año 1990 a la fecha. En la sentencia, que consta de 300 páginas, cuya lectura empezó a las 11:00 de la mañana y concluyó pasadas las 3:00 de la tarde, el tribunal alega que hubo un concierto de voluntades para defraudar al Estado dominicano.
Como ejemplo citó que el mismo día se emitió una resolución y también se hizo una carta constancia y la transferencia, “produciendo un fraude colosal en contra del Estado dominicano”. “Los documentos presentados como títulos de propiedad no otorgan titularidad, pues son fraudulentos y hay contradicciones en los títulos y las constancias de estos”, concluyó la jueza.
UN APUNTE
Títulos irregulares
La jueza consideró que se hizo de manera irregular los mil 200 títulos de propiedad emitidos a favor de unos 600 presuntos campesinos en terrenos ubicados en Bahía de las Águilas, Pedernales. Los títulos fueron emitidos durante la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán al frente del Instituto Agrario Dominicano (IAD.
Dijo que los documentos presentados como títulos de propiedad no otorgan titularidad, son fraudulentos y hay contradicciones en los títulos y las constancias de estos.
