Las multitudinarias protestas por la absolución de George Zimmerman, acusado de matar al joven negro Trayvon Martin, reabre el debate racial en Estados Unidos y agrega otro conflicto a la cadena de problemas económicos, sociales y diplomáticos que agobian la administración del presidente Barack Obama.

El 26 de enero de 2012, Zimmerman, de 29 años, ultimó de un balazo a Martin, de 17, en un vecindario de Miami, donde el victimario, que realizaba patrullaje voluntario, alegó que forcejeó con su víctima a la que confundió con un delincuente. Un jurado compuesto por siete mujeres lo declaró no culpable.

Ese veredicto provocó manifestaciones en casi todo el territorio de la Unión Americana y enfebrecida nota de protesta por parte de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), que ha reclamado que el Fiscal General, Eric Holder, quien también es afroamericano, presente cargos federales contra el vigilante.

El presidente Obama ha exhortado a una reflexión calmada, pero las expresiones de protestas por la absolución de Zimmernan se extienden desde Nueva York y la Florida hasta la costa oeste, en lo que hace temer un rebrote mayor de un viejo conflicto étnico, a pesar de que medios de prensa estadounidenses insisten en señalar que el matador del joven negro es de origen hispano.

Además de la crisis desatada por esa sentencia absolutoria, la Casa Blanca afronta la huelga de hambre de miles de reclusos en cárceles de Los Angeles, los reclamos de cierre de la cárcel de Guantánamo, el conflicto diplomático global derivado de las revelaciones del ex técnico de la CIA Edward Snowden, los obstáculos para que el Congreso apruebe la Ley de Inmigración y la baja previsión de crecimiento de la economía.

Contrario a la base de la sentencia que liberó a la antigua estrella del fútbol Orenthal James «O. J.» Simpson , acusado de asesinar a su ex esposa y a su amante, sustentada en que la prueba material del crimen resultó adulterada durante su manipulación, en el caso de Zimmerman el jurado dictaminó que actuó en defensa propia, sin tomar en cuenta que Martin no portaba arma y que se trataba de un menor de edad.

La presión de asociaciones de afroamericanos y de promoción a los derechos humanos está ahora dirigida al secretario de Justicia y Fiscal General, un funcionario negro que deberá decidir si el caso del asesinato de Trayvon Martin tiene méritos suficientes para que se presenten cargos federales contra su victimario.

La muerte de un joven negro a manos de un blanco de origen hispano recrea las jornadas de lucha por los derechos civiles de hace casi más de medio siglo, solo que ahora el presidente de los Estados Unidos y el Fiscal General son también negros.