Con lo caliente que está la pista, en modo alguno puede pasar inadvertido el reto del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, a la Procuraduría General de la República sobre la Operación Caracol que se inició con un ruidoso allanamiento y la incautación de decenas de documentos de la sede de la entidad fiscalizadora de la administración de los recursos públicos.

“Una cosa es hacer declaraciones públicas y otra es presentar una acusación ante un juez”, advirtió Álvarez, al tiempo de señalar que quien “alega un hecho de justicia, debe probarlo” y que él todavía no ha visto pruebas.

El presidente y demás miembros del desacreditado organismo han sido acusados de maquillar auditorías para beneficiar a salientes funcionarios, asociación de malhechores, falsedad en escritura pública, lavado de activos y otros cargos que en su conjunto constituyen un verdadero escándalo.

Al margen del real interés del Ministerio Público en establecer responsabilidades sobre las supuestas irregularidades en la Cámara de Cuentas, la aparatosidad del allanamiento reviste el proceso de un toque mediático.

Mismo que las afirmaciones del director de la Procuraduría Especial de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, de que en la pesquisa se encontraron documentos que comprometen a los miembros del organismo en la comisión de irregularidades, pero sin presentar pruebas. La reacción de Álvarez sugiere que el pleito está planteado.