Caso Diandino

Si es que el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, en verdad ignoraba el motivo de su citación por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), deberá por lo menos estar bien preparado para los interrogatorios.

El escándalo que motivó su relevo del cargo en 2017 desde entonces ha permanecido impune, a pesar de que el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó un estudio que no se sabe en qué quedó a la Cámara de Cuentas. Un reportaje de la periodista Alicia Ortega sacó a relucir que a empresas vinculadas les habían sido otorgados contratos en la Opret por más de 4,600 millones de pesos para la construcción de dos líneas del Metro.

También se divulgó que Peña poseía un emporio de al menos 29 empresas, de las cuales 15 estaban registradas en el extranjero y no figuraban en su declaración jurada de bienes. Está claro que la citación al exfuncionario no ha sido casual ni por retaliación , sino con el interés de esclarecer algunos aspectos de la relación entre sus empresas y su condición de funcionario público.