SANTO DOMINGO.- Un silencio de las autoridades predomina tras conocerse la sentencia que ordena al Estado dominicano el pago de US$44 millones a favor de un empresario extranjero, luego de que se rescindiera el contrato para la gestión del vertedero de Duquesa, Santo Domingo Norte.
En un intento por obtener una reacción, El Nacional contactó vía telefónica al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien remitió la consulta al ministro de Justicia, Antoliano Peralta, con quien de manera directa no se ha tenido comunicación hasta el momento.
Con otro funcionario de justicia sí logramos hacer contacto, pero nos informó que estaba en una reunión y que posteriormente nos devolvería la llamada, algo que tampoco ha ocurrido.
El periódico digital Bloomberg Línea ha hecho una reseña del veredicto, emitido por una jueza federal de Estados Unidos, en la cual obliga a las autoridades nacionales a hacer el desembolso en favor del empresario multimillonario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin.
Además, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly adoptó en su totalidad la recomendación de un magistrado, desestimando los intentos del Gobierno dominicano de anular la decisión del tribunal internacional y otorgándole la razón al inversionista.
La disputa en arbitraje internacional se remonta a 2007, cuando se firmó un contrato con la empresa local Lajun Corp. SRL para gestionar el vertedero Duquesa.
Sin embargo, en 2013, Lee-Chin, presidente y CEO de Portland Holdings Inc., que opera la firma de inversiones, adquirió indirectamente el 90 % de Lajun, así como de la porción del terreno donde se encuentra el relleno sanitario, a través de dos de sus empresas.
El 27 de septiembre de 2017, luego de un proceso sobre el manejo de los desechos sólidos del municipio de Santo Domingo Norte, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) sentenció que el vertedero fuera regenteado por un administrador provisional.
En su fallo, el magistrado Rafael Vargas Goico dispuso que una comisión encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente, e integrada por Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, estuviera a cargo de manera transitoria del referido basurero que mantenía en conflicto a Lajun con el cabildo.
El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, en la persona del entonces alcalde, el peledeísta René Polanco, pidió quitar la administración del vertedero a Lajun, alegando un mal manejo del mismo e incumplimiento de lo estipulado en el contrato.
En 2018, Lee-Chin consideró la medida como una expropiación ilegal y presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Su reclamo inicial superaba los US$300 millones.
