De las 14 personas encartadas en el expediente Odebrecht, el Ministerio Público presentó anoche formal acusación contra seis, excluyó a ocho y agregó a otro a la lista de imputados, sobre los cuales solicita al juez de instrucción especial que ordene apertura de juicio en su contra por soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El procurador general, Jean Alain Rodriguez, ordenó archivo provisional de los expedientes referidos a César Sanchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montás, Julio César Valentín, Máximo D’Oleo, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura y Ruddy González, porque no se recabaron pruebas suficientes para sostener la acusación.

En la acusación formal remitida al juez Francisco Ortega Polanco figuran Angel Rondón Rijo, Conrado Enrique Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez; además Jesús Vásquez, quien figura como nuevo imputado.

El magistrado Rodríguez rindió un informe sobre las investigaciones encaminadas en torno a este expediente, para lo cual, dijo, las autoridades solicitaron la colaboración de instancias judiciales y de control financiero de Estados Unidos, Brasil, Panamá, Bahamas, Argentina, España, Antigua y Barbuda.

Por tratarse de un juicio preliminar, las pruebas y evidencias aportadas por la Procuraduría General serán objeto de amplios debates tanto por los fiscales como por los abogados de los encartados, lo que al final permitirá al juez Ortega valorar en toda su dimensión los alegatos de cargos y descargos.

El Poder Judicial tiene en este expediente una nueva oportunidad de reivindicarse, de mostrarse ante la sociedad como un auténtico ente independiente de los demás poderes del Estado e inmune ante el torrente de intereses que pretenderá anegar su innegociable principio de autonomía.

No por enviar a los encartados a un juicio de fondo o declarar no ha lugar a la acusación, el juez actuante demostraría independencia o autonomía, sino por el respeto absoluto al debido proceso, a la justa y objetiva valoración del fardo probatorio y al principio constitucional de la presunción de inocencia.

Todo lo que ocurra de hoy en adelante, en torno al escandaloso expediente Odebrecht, será responsabilidad única del Poder Judicial, toda vez que el Ministerio Público cumplió su rol al presentar acusación formal en un escrito que para bien o para mal quedará inserto en la historia de la judicatura nacional.