En un proceso tan incidentado, con tantos cuestionamientos, genera conjeturas que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional revocara su decisión de no incorporar supuestas pruebas que había solicitado el Ministerio Público sobre los movimientos financieros de las empresas del imputado Víctor Díaz Rúa.

Las juezas Gisselle Méndez y Jisselle Naranjo tendrán que sopesar sus decisiones con más detenimiento para evitar sospechas alrededor de un caso plagado de dudas. Solo la magistrada Tania Yunez se había opuesto al rechazo de la incorporación de las supuestas pruebas que ahora favorecen sus colegas del tribunal.

La decisión de negar el informe financiero que solicitó agregar la Procuraduría General de la República se había entendido como una derrota para la parte acusadora, pero con la variación de la decisión la percepción es diferente. Por lo visto, ahora no solo son los testigos presentados por el Ministerio Público los que han entrado en contradicción, sino los propios jueces.

La revocación de una decisión que se suponía había sido bien ponderada desacredita más un caso en que se cree que no están todos los que son ni son todos los que están. A propósito de la decisión de las magistradas viene a cuento que analistas financieras del Ministerio Público declararon no encontrar conexión con los sobornos por 92 millones de dólares pagados por Odebrecht para la obtención de obras y la aprobación de préstamos con operaciones financieras de firmas de los imputados. El caso ahora se ensombrece.