De igual manera que cuando su detención y extradición hace cinco años hacia Estados Unidos, el morbo ha vuelto a darse banquete con las más sórdidas especulaciones sobre el arreglo a que habría llegado el comerciante y ex capitán del Ejército Quirino Ernesto Paulino Castillo con autoridades de ese país para cantar sobre las operaciones del narcotráfico en República Dominicana.

Aunque desde aquel diciembre de 2004 a la fecha es mucha la infamia y el lodo que se ha derramado, en esta ocasión todo indica que algo hay. El hecho de que se retiraran los cargos, se devolviera parte de los bienes y se permitiera viajar a Estados Unidos a los familiares de Paulino Castillo, en virtud de un acuerdo de protección, confiere un nuevo curso al esperado proceso judicial.

Y la entrada en escena del ex presidente Hipólito Mejía con el reto al presidente Leonel Fernández y al doctor Marino Vinicio Castillo para debatir las operaciones del comerciante y ex capitán del Ejército torna más expectante, sin duda alguna, el juicio que, por fin, parece que está muy cerca de comenzar en un tribunal de Nueva York.

Pero no se sabrá a ciencia cierta todo lo que hay en torno al caso hasta que se dispongan de informaciones oficiales, que el fiscal que representa al Gobierno ni ninguna autoridad estadounidense han querido ofrecer tanto porque no es su estilo, ni para entorpecer las pesquisas.

Las especulaciones e insinuaciones son tan siniestras que han creado una atmósfera tensa. No deja de llamar la atención, sin embargo, la afirmación del abogado Carlos Balcácer en el sentido de que la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) tiene ubicadas a unas 17 personas para pedirlas en extradición con relación al caso. Sería inconcebible que el jurista se preste a atizar más el horno.

En todos los mentideros se habla, con nombres y apellidos de oficiales activos y retirados, empresarios y gente de todos los litorales políticos que figuran entre los extraditables, y cuya lista, según Balcácer, está en poder de las autoridades dominicanas.

A diferencia de 2004, no puede decirse que desde el Gobierno se ha dado un trato político al caso Quirino. Todo lo contrario, el Ministerio Público ha manejado lo concerniente al proceso con mucha ecuanimidad y respeto, cuidándose de no involucrar a nadie en particular.

Se sabe que algo hay, pero lo que sea se sabrá con el juicio que está supuesto a iniciarse próximamente. Adelantarse a los acontecimientos o hacer coro a las insinuaciones siquiera como estrategia para entretener a la opinión pública sería una irresponsabilidad de marca mayor.

Y más cuando ante la ola de rumores de extradiciones que apuntan en todas las direcciones, el presidente Fernández ha dejado claro que dará curso a todos los pedidos de extradición aprobados. Como tiene que ser para evitar atropellos o conflictos.