La crisis o impasse en la Junta Central Electoral (JCE) por el pedido de sustitución del director del Departamento de Cómputos, lleva ya 117 días sin que los partidos Revolucionario (PRD) y de la Liberación (PLD) encuentren alguna fórmula de avenencia que garantice sosiego y seguridad de que las elecciones del 20 de mayo serán libres, transparentes y concurridas.

A menos de cinco meses del día de votaciones, esa confrontación puede convertirse en atasco insalvable, por lo que se requiere que ambos partidos mayoritarios promuevan diálogo sincero basado en la expresa voluntad política de resolver el problema cuanto antes.

La verdad es que de tal desavenencia la opinión pública apenas ha sido informada del reclamo que ha hecho el PRD para que el director de Informática de la JCE renuncie, sea cesanteado o trasladado, a lo que se opone el presidente de la Junta, doctor Roberto Rosario, bajo el criterio de que no se ofrecen pruebas o evidencias que comprometan a ese funcionario en actos reñidos con la ley o la ética.

El doctor Eddy Olivares, juez de la JCE, ha advertido que si el funcionario citado no es removido del cargo, las elecciones de mayo quedarían afectadas por una crisis de credibilidad, criterio rechazado por la dirección del PLD.

La mediación de monseñor Agripino Núñez Collado no ha tenido efectos positivos a causa de las posiciones de cierre a banda mantenida por las comisiones perredeísta y peledeísta que tampoco han vuelto a reunirse desde el último fracaso.

Lo menos que merece la sociedad dominicana es que el liderazgo político, embriagado de insensatez, provoque una crisis electoral de consecuencia insospechada por no poder o no querer resolver lo que en principio se presenta como tormenta en vaso de agua.

Sin pretender comparar el conflicto latente en la JCE con la crisis electoral de 1994 que degeneró en mayúscula crisis política e institucional, es menester advertir que por los caminos divergentes que transitan las dirigencias del PLD y PRD se llega sólo al precipicio, por lo que urge un retorno inmediato a la mesa dialogante con la voluntad compartida de identificar una solución definitiva.

A 117 días de esa crisis que estalló el 26 de septiembre de 2011, la población exige y espera merecer que la partidocracia despeje dudas y temores en torno a la organización, montaje y celebración de las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo, que es como decir que se garantice respeto a la voluntad popular.